El juez argentino, Roberto Gallardo ordenó al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que cancele el operativo policial montado durante varios días en las proximidades de la residencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
De acuerdo con la orden, el ministerio de Justicia y Seguridad deberá asegurar las tareas policiales en la prevención y persecución del delito en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta, en el marco de sus competencias legales y no interferir en la custodia federal.
Confirma Telesur que de esa manera el juez responde a diferentes recursos de amparo presentados previamente por diputados de la alianza Frente de Todos, quienes declararon que el objetivo del bloqueo de calles aledañas a la casa de Fernández en el barrio Recoleta era crear un estado de sitio.
“Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada (…) Quieren prohibir las manifestaciones de amor y apoyo absolutamente pacíficas y alegres que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial”, expuso Fernández de Kirchner en una carta dirigida a Rodríguez Larreta.
La zona permaneció cercada con vallas el fin de semana y rodeada por fuerzas antimotines para dispersar a miles de seguidores de Cristina. Hubo una fuerte represión policial.
Las acusaciones contra Cristina
Dos fiscales argentinos pidieron recientemente 12 años de prisión contra Cristina por presunta corrupción en la llamada causa “Vialidad”. Además, solicitaron su inhabilitación política.
Varias personalidades del mundo de la política y los movimientos sociales, incluyendo al propio presidente Alberto Fernández, han calificado estas maniobras como “lawfare” (guerra jurídica) con el fin de desacreditar e inhabilitar a la ex dignataria para los cargos públicos.
Fernández de Kirchner, está acusada de presuntamente defraudar el Estado, así como de estar presuntamente involucrada en una trama para desviar fondos públicos mientras fue presidenta, entre 2007 y 2015.
Los abogados de la defensa comenzarán sus alegatos a finales el 5 de septiembre, pero varios han cuestionado la falta de pruebas durante el proceso.
En caso de que la vicepresidenta fuera condenada, no puede ser arrestada porque tiene fueros hasta el 9 de diciembre de 2023, cuando culmina su mandato. Además el proceso judicial pudiera tardar años.