Con la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista, Cuba perdió más del 70 por ciento de su comercio exterior, hecho aprovechado por Washington y la mafia cubano-americana para incrementar el bloqueo económico, comercial y financiero, y arreciar las acciones políticas y mediáticas de todo tipo con el fin de asegurar en corto tiempo la restauración imperialista en la Isla.
El gobierno estadounidense, en estrecha alianza con la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), dirigió sus planes a cercar aún más a la Isla y en ese contexto personajes de la ultraderecha en el Congreso de EE.UU. promovieron leyes como la Torricelli en el período de mandato del presidente George Bush en 1992.
Tal estrategia pretendía impedir cualquier intento cubano de buscar alternativas a su comercio exterior, ya que las acciones se extendían a terceros países que negociaran con la ínsula, en flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales.
Pero esa legislación no fue suficiente y sus promotores pusieron a punto otro proyecto con la complicidad de Jesse Helms, considerado uno de los políticos más reaccionarios del siglo XX en la nación norteña, y por el derechista representante por Illinois, Dan Burton.
El título I de la Ley Helms-Burton fortaleció, a nivel internacional, la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y las sanciones correspondientes, que resultaron codificadas en un entramado legal para la persecución del comercio cubano y sus relaciones en el orbe.
De esa forma la iniciativa legal partió de pretensiones sin precedentes, por lo cual se obligaba a una nación independiente a reducirse a la condición de colonia y someterse a los tribunales, leyes y al Congreso de Estados Unidos, que en lo adelante determinaría los procedimientos jurídicos y las formas de gobierno que la presunta Isla post-socialista tendría que asumir para ser reconocida como país independiente.
En su capítulo III la Helms-Burton indicó que los inmuebles, fábricas, medios de transporte y cualquier tipo de riqueza expropiados o nacionalizados pasaran a sus antiguos dueños, incluyendo las tierras que hoy están en manos del Estado, cooperativas o agricultores individuales.
Además, decretó las funciones de las autoridades norteamericanas y las partes afectadas en denunciar y llevar a la Corte de Estados Unidos a todo extranjero que «trafique» con «propiedades norteamericanas» intervenidas en Cuba, por lo que antiguos propietarios pueden recibir hasta el triple del valor de la propiedad.
De seguir esa lógica, toda la riqueza nacional regresaría nuevamente por una u otra vía a los descendientes de sus antiguos propietarios, para reconstruir el sistema neocolonial y de privilegios, imperante antes del triunfo revolucionario de 1959.
Por ejemplo de acuerdo con la Ley Helms Burton, los más de 100 mil habitantes de Alamar o de La Habana del Este, en la capital, la mayoría dueños de sus viviendas, pasarían ante el hipotético desplome de la Revolución a la condición de inquilinos de los descendientes de los antiguos dueños de los terrenos de esa zona, y como tal tendrían que pagar alquileres o ser desalojados de sus apartamentos.
Es de ilusos calcular que el pueblo cubano después de más de 60 años de sentirse beneficiado de los logros de Revolución iba a manifestar una tardía vocación de dóciles corderos y accedería a los planes preparados por los descendientes de los explotadores en Miami para hacerse del país nuevamente.
La Helms-Burton pasó de ser un proyecto a su aprobación a pocos días del derribo, el 24 de febrero de 1996, de las avionetas del grupo terrorista «Hermanos al Rescate», que a pesar de las advertencias de la Isla a los autoridades estadounidenses continuaron violando el espacio aéreo nacional.
Ese incidente provocó una gran histeria anticubana y campañas mediáticas, contexto en el que el entonces presidente William Clinton manifestó su apoyo a dicho texto, que el 12 de marzo del propio año fue firmado y legalizado como ley y desde entonces rige y fortalece al mayor bloqueo económico, comercial y financiero de la historia contra un país. (Jorge Wejebe Cobo, ACN).