Aunque a la agricultura cubana aún le falta un gran camino por transitar para ser suficiente y eficiente, varios pasos se han dado ya en el empeño de alcanzar ese propósito, tan esperado en los hogares, a donde el alimento llega, mas no con la variedad, cantidad y calidad que demandan las familias
Aunque a la agricultura cubana aún le falta un gran camino por transitar para ser suficiente y eficiente, varios pasos se han dado ya en el empeño de alcanzar ese propósito, tan esperado en los hogares, a donde el alimento llega, mas no con la variedad, cantidad y calidad que demandan las familias.
En este empeño se ubica la aprobación del Decreto-Ley No. 13/2019 y su Reglamento, y del Decreto No. 21/2020, publicados en la Gaceta Oficial ordinaria No. 83, de este martes, los cuales regulan y organizan actividades decisoras en los procesos productivos agropecuarios, como la mecanización, el riego, el drenaje y el abasto de agua para los animales.
Mayra Cruz Legón, jefa del Departamento de Políticas Agrarias del Ministerio de la Agricultura, señala que, desde el punto de vista jurídico, es el primer cuerpo legal que regula esas actividades como un conjunto legislativo.
«De igual manera es relevante la actualización de la inscripción y control de los tractores y cosechadoras autopropulsadas en el registro existente al efecto», agrega.
Según Rodovaldo López Valle, director de Mecanización, Riego y Drenaje del Ministerio de la Agricultura (Minag), estas disposiciones protegen la adquisición de los recursos para las actividades mencionadas por los productores y empresas estatales, así como también establece los requerimientos que deben cumplir sus tenentes para su correcta explotación y cuidado.
«Lo novedoso está en la aprobación de la venta de tractores de baja potencia a productores individuales que, por el área que gestionan, se justifique económicamente y que entreguen altas producciones al encargo estatal, pues, aunque también aborda el resto de las ventas como sistemas de riego, etc., estos insumos ya se venden en correspondencia con los programas de frutales, los ganaderos…, para el incremento de las producciones de leche y carne, y para la producción de granos».
López Valle aclara que también establecen requerimientos para adquirir, mantener y realizar inversiones en el mejoramiento de estos sistemas. Igualmente, priorizan la protección de cultivos de alta demanda como el maíz, el tabaco, el arroz, la caña de azúcar, los cítricos y los cultivos varios.
«En ellas se explicita que el financiamiento debe respaldarse por el tenente del equipamiento, a través de su empresa, cooperativa o grupo empresarial, los que tienen que planificar lo necesario para su sostenibilidad. Sucede igual con las nuevas inversiones para obtener estos recursos. Para ello, se define que puede ser por créditos bancarios, donativos o colaboración extranjera», detalla.
Otro asunto de importancia, agrega el Director de Mecanización, Riego y Drenaje del Minag, es que las normativas ratifican lo contenido en la Resolución 541 de 2014 del Ministro de la Agricultura, la cual establece el procedimiento de los permisos requeridos para el proceso inversionista, que se otorga por este organismo, y que forma parte integral del Decreto 327 del Reglamento del Proceso Inversionista.
APROVECHAR EL RECURSO AGUA Y LA INDUSTRIA NACIONAL
Que solo el 7,4 % de la superficie agrícola disponga de riego, cuando existe un potencial para alcanzar hasta un 35 %, se debe en gran medida a la falta de equipamiento, al deterioro de los equipos y sistemas de riego existentes, e incluso, al mal estado de embalses y otras obras hidráulicas, cuestiones que provocan también una baja eficiencia e inadecuado uso y reuso del agua.
La necesidad de revertir esa situación no es nueva, como tampoco el empeño por hacerlo. Por ello, López Valle hizo referencia a todas las acciones que acompañan la implementación de estas normas y a la política en general sobre el uso, mantenimiento, control y sostenibilidad de las actividades abordadas.
«Estas normativas tienen mucha relación con la protección del medioambiente y con las especificidades de la Política nacional del agua, pues contribuyen al cuidado de este recurso desde la actividad agrícola», manifiesta.
Al respecto, se refiere a las inversiones realizadas en equipamiento para la producción de arroz, por ejemplo. «Hemos introducido técnicas en este tipo de cultivos, como la nivelación con láser, con gps, y otros instrumentos, que son muy provechosos para la reducción del consumo del agua y, claro está, para el incremento de la producción».
Considera, además, que la introducción de tecnologías de avanzada en estas actividades, con especial atención a las fuentes renovables de energía, requiere de una preparación y capacitación del personal, por ello, las normas expresan la necesidad de continuar estrechando los vínculos de trabajo con las universidades, politécnicos y el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola.
López Valle ilustra otros retos que actualmente se imponen, como el insuficiente abasto de agua a los animales en la ganadería, por falta de un programa de desarrollo que lo respalde, y las serias afectaciones por mal drenaje, además de la deficiente relación entre los sistemas de riego y las áreas irrigadas.
A todo esto se suma el empleo en las actividades agrícolas de tractores e implementos que no responden a las normas de conservación de los suelos y el medioambiente, provocado, entre otras causas, por la limitada oferta de equipos, partes, piezas y agregados a todas las formas productivas. Sin embargo, la solución parcial de estos obstáculos está en la consolidación de la industria nacional, asunto que el Decreto-Ley y las otras disposiciones explicitan claramente.
«Un país eminentemente agrícola, tropical además, con agua en su subsuelo, con más de 230 presas y 627 micropresas, debe ser capaz de lograr que su industria produzca equipamiento para satisfacer las necesidades de abasto de agua en todos los organismos que lo requieran», explica López Valle.
«De ahí que intencionemos los proyectos de colaboración y la inversión extranjera hacia ese asunto, es decir, todos los recursos que el Ministerio de la Agricultura destina en este sentido se deberá poner en manos de la industria nacional para que produzcamos dentro de nuestras fronteras lo que sea posible, y así nos evitemos la importación de algunos equipos. La meta, al fin y al cabo, es proteger y racionalizar todos los recursos e incrementar las producciones. Estas normas son un escalón elemental hacia ese rumbo», concluyó.
Por Gladys Leidys Ramos López