Perú se apresta a una nueva jornada de protestas que crecen y se extienden en el país, contra el ascenso del conservador Manuel Merino a la presidencia, tras la cuestionada destitución de Martín Vizcarra.
Las convocatorias se multiplicaron anoche en las redes sociales de Internet, de organizaciones políticas, colectivos ciudadanos y hasta de amigos, que levantan la consigna de no dejar de protestar hasta que Merino deje el cargo, a la que ha evolucionado el rechazo a la vacancia,
Las manifestaciones cobraron fuerza ayer y se mantuvieron hasta avanzada la noche, siendo reprimidas con violencia por la Policía, que disparó perdigones de goma y lanzó gases lacrimógenos para controlarlos, admitió el jefe de la Policía de Lima, general Jorge Cayas, quien sostuvo que no hay lesionados.
Los cientos de agentes enviados a reprimir a los indignados, jóvenes en su mayoría y también atacaron a periodistas que informaban sobre las protestas y hubo infiltrados para robar equipos de los reporteros, según denunciaron los gremios de la prensa.
Al final de la jornada, el saldo de 27 detenidos en comisarías y retenidos en la unidad de seguridad política evidencia la magnitud de los incidentes y el general Cayas acusó a los manifestantes de vandalismo, algo usual ante protestas sociales.
Por otra parte, el expresidente Vizcarra confirmó que el jueves próximo será interrogado por el fiscal Anticorrupción Germán Juárez sobre las acusaciones de empresarios que afirman que le pagaron sobornos por contratos de obras públicas en la sureña región de Moquegua, años atrás, cuando el exmandatario era gobernador allí.
‘Me he comprometido a dar todo el apoyo a las investigaciones que se están realizando. Ya muy temprano el abogado se ha apersonado ante las dos fiscalías, las dos que investigan, y para el jueves voy a atender la citación a la cual he sido citado’, dijo.
Más que defender al exgobernante, los manifestantes repudian a Merino y el Congreso y comparten la posición de un promedio de más de 80 por ciento de ciudadanos que en dos encuestas se pronunciaron contra la vacancia y se inclinaron por investigar y eventualmente juzgar a Vizcarra tras el fin de su mandato.