La quiebra del banco Ueno Bank en Paraguay, provocando la dimisión y el encarcelamiento del ahora expresidente Santiago Peña, ha demostrado cómo una crisis financiera puede transformarse en una crisis de gobierno, con consecuencias que van mucho más allá de los ejecutivos y políticos involucrados.
Para los paraguayos comunes, sin embargo, la pregunta más urgente es mucho más sencilla: cuando confían sus ahorros a un banco, ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar que su dinero esté seguro? La respuesta es explosiva:
El negocio detrás del insolvente e intervenido Ueno Bank no era financiero, sino enfocado en la captación de la base de datos de la población.
El nuevo presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, así lo describió:
«Su negocio no es bancario, es capturar millones de datos biométricos de las personas para tener una base de datos del país y luego hacer negocios (…) Esos no eran banqueros, eran gente administradora de base de datos».
El nuevo funcionario, cuya designación fue aprobada la víspera por el Senado, aseguró que había advertido mucho antes el manejo opaco de la entidad bancaria y acusó al gobierno de no contar con asesores de primer nivel que impidieran que se pusieran fondos públicos en las arcas de un banco insolvente.
Del mismo modo, consideró indignante que el banco exigiera los datos biométricos de la población para hacer transacciones en importantes eventos, cuando la moneda local es la que tiene que transarse para ese tipo de operaciones: «Yo no le voy a dar mi cara a esta gente», apuntó.
«Señores, el concepto de riesgo es mucho más complejo de lo que nosotros imaginamos, esto es mucho más grave y complejo de lo que nos podemos imaginar. Requiere mucho talento, de gente que conozca informática, datos y trasciende el Banco Central: esto tiene que ir al gobierno», remarcó.
CÚPULA SOSPECHOSA
Un grupo de legisladores opositores interpuso una denuncia ante la Fiscalía por la sospecha de que una cúpula privilegiada de autoridades en Paraguay supo del inminente colapso de la entidad bancaria y retiró sus fondos antes de la intervención del BCP. En ese mismo recurso, piden que se esclarezca cuál es la cadena de custodia para el tratamiento de los datos personales y biométricos captados por el entramado empresarial de Ueno Bank.
Recordemos que la crisis comenzó cuando el Banco Central inició un ‘procedimiento de resolución’ de Ueno Bank ante sus problemas financieros, lo que paralizó las operaciones de la entidad y dejó a millones de clientes afectados. Entre las acusaciones contra Peña figuran sus antiguos vínculos accionarios con el grupo empresarial que controlaba el banco, el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del organismo regulador y la colocación de unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad, en operaciones cuyos límites legales fueron cuestionados.
Las autoridades del BCP conocían desde abril de este 2026 los problemas de Ueno Bank, pero no adoptaron oportunamente las medidas necesarias para evitar la crisis. La investigación también examina las colocaciones de fondos de otras instituciones estatales, mientras miles de ahorristas reclaman recuperar su dinero.
“FALLOS” FISCALES
El proceso de detención de Peña ha dejado en evidencia una serie de fallos en los procedimientos judiciales que han seguido las autoridades, que no han pasado desapercibidos para los medios y las figuras políticas del país suramericano, que señalan que con ellos se buscó favorecer al exmandatario.
El ex jefe de Estado fue imputado por la Fiscalía General de Paraguay por lesión de confianza y administración en derecho propio en el marco del caso Ueno Bank, que llevó a su destitución y posterior arresto. Los fiscales además solicitaron prisión preventiva en contra de él y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo.
Si bien el ente acusador solicitó la medida privativa de libertad del exmandatario, sus actuaciones previas a esa decisión han sido cuestionadas por los errores u omisiones en los que incurrió ese organismo público, que habrían entorpecido el desarrollo de la investigación y que beneficiarían a Peña.
Durante una entrevista de Radio Monumental 1080, el fiscal general, Emiliano Rolón, justificó los errores que han sido cometidos y los atribuyó al exceso de trabajo de los funcionarios del ente acusador y a la falta de personal. Sus argumentos han sido fuertemente criticados y han hecho que varios juristas y parlamentarios pidan su salida.
A pesar de que la detención del expresidente se hizo el pasado 6 de noviembre, fue la tarde del 8 de noviembre cuando los funcionarios que llevan el caso se percataron de que su celular no había sido confiscado.
Conforme a su relato, la incautación del teléfono personal «se perdió de vista» entre «el cúmulo de informaciones». «De todos modos, estamos con deseos de hacer bien las cosas y también pedimos comprensión», justificó.
Peña había negado tener el aparato, que posteriormente fue hallado en su equipaje.
LAZOS EXTERNOS
La investigación apunta ahora hacia el extranjero, ante las sospechas de que parte de los fondos desaparecidos podrían haber sido transferidos fuera del país. El senador Eduardo Nakayama solicitó este 10 de noviembre investigar vuelos no regulares desde el Espigón Presidencial hacia San Fernando, Argentina, mientras que la Fiscalía anunció nuevas diligencias internacionales para reconstruir la ruta del dinero.
El legislador pidió informes a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y a las autoridades migratorias para determinar quiénes viajaron, qué transportaron y por qué se realizaron esos desplazamientos durante la crisis bancaria.
Paralelamente, el Ministerio Público confirmó que investiga el posible destino de los fondos. «Hipótesis sobre el destino del dinero, sí lo tenemos, se han hecho diligencias en ese sentido para recabar más información», señalaron desde la Fiscalía, según ABC Paraguay. Los investigadores buscan reconstruir los movimientos financieros desde el 2023, año de creación del banco.
En ese contexto, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, anunció este 10 de noviembre el envío de un exhorto formal a Luxemburgo, donde existen indicios sobre bienes que podrían ser objeto de decomiso. Según Última Hora, la fiscal Ruth Benítez ya había solicitado colaboración para un eventual congelamiento de criptoactivos, a partir de elementos obtenidos durante un allanamiento a Ueno Casa de Bolsa.
Una de las conexiones que examinan los investigadores conduce a Luxemburgo, donde en el 2024 se incorporaron 22 accionistas a U Holdings Sàrl, una sociedad constituida en el 2023 por Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez, actualmente detenido e imputado por el escándalo financiero. Las autoridades buscan determinar si existen activos relacionados con el caso que puedan ser localizados y asegurados. Por ahora, no se ha demostrado que los vuelos denunciados por Nakayama estén vinculados con el traslado de dinero o criptoactivos, ni se ha establecido públicamente el destino definitivo de los fondos.
CRISIS COLORADA
«Esta situación afecta mucho al Partido Colorado: se cambió todo el gabinete luego de la salida de Peña y estamos preocupados; este banco captó a la clase media y baja, tenía cuentas locales e internacionales», afirmó José Rodríguez Robertti, presidente de la juventud colorada de Paraguay, en diálogo con Acentos.
«Es necesario que, no solamente Santiago, sino también todos los funcionarios públicos, del ámbito privado o los directivos de este banco que estén involucrados y sean afiliados a nuestro partido, sean expulsados», agregó.
«Tenemos que dar mensajes claros y responder a la ciudadanía en todos los aspectos, no solamente en el ámbito judicial, sino también en el político», sostuvo.
«El partido puede llegar a demostrar que quiere cambiar, actualizarse y adaptarse a los nuevos tiempos; ojalá podamos buscar un buen candidato que realmente sea patriota y que no meta la mano en la lata», finalizó.
Algo muy difícil en un ente que abierta o veladamente mantiene una dictadura política.