Nos están robando el derecho de participación’, afirmó Rafael Correa, expresidente de Ecuador, sobre la obligatoriedad de aceptar las precandidaturas a las elecciones en 2021 de forma presencial, decisión criticada hoy desde varios movimientos políticos.
En su cuenta en la red social Twitter, Correa, nominado a vicepresidente por la Unión por la Esperanza (UNES), a través del Partido Centro Democrático, criticó la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre todo en tiempos de restricciones por la pandemia de Covid-19.
‘¿Qué pasa con los candidatos de Galápagos a un puesto nacional? ¿Los migrantes? ¿Una persona con Covid?’, cuestionó el exjefe de estado, quien reside en Bélgica desde julio de 2017.
En su caso, detalló que actualmente cumple una cuarentena de 14 días tras someterse a una prueba para el diagnóstico de la nueva cepa de coronavirus, al retornar la víspera de París, ciudad recién considerada zona roja por las autoridades belgas, lo cual le imposibilita viajar.
Su reacción responde a declaraciones de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien rechazó la posibilidad de que el exgobernante acepte su postulación mediante un poder notarial.
La funcionaria fue enfática al decir que la aceptación es personal y quien incumpla ese requisito, no podrá inscribir su candidatura.
Sin embargo, el expresidente del máximo órgano electoral ecuatoriano Juan Pablo Pozo aclaró en Twitter que se podría presentar el documento debidamente notariado y debe ser aceptado.
‘El artículo 100 del Código de la Democracia menciona la figura de ‘apoderado’ para inscribir una candidatura ante CNE’, aseguró.
En esa misma línea, Pozo acotó: el derecho a ser elegido, es un derecho fundamental protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 23).
El resto de los nominados a curules en la Asamblea Nacional y a parlamentarios andinos por UNES acudieron a las oficinas correspondientes en cada una de las provincias, desde el jueves último, para aceptar sus precandidaturas, en medio de críticas por tener que hacerlo de forma presencial.
A juicio de muchos, el requisito es otro mecanismo utilizado para intentar impedir la participación del exdignatario en los venideros sufragios, pactados el 7 de febrero de 2021.