La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada el 14 de junio por la Cámara de Diputados, contó con el visto bueno de 31 miembros de ese órgano legislativo y dos abstenciones tras 16 horas de debate que fue seguido por activistas a favor del tema identificadas con un pañuelo verde apostadas en los alrededores de la sede del Congreso argentino.
Movimientos similares tuvieron lugar cerca de las embajadas de Buenos Aires en varios países como Guatemala, Uruguay, México, Chile, España y Francia.
En su intervención la senadora y expresidenta argentina Cristina Fernández expresó su pesar por no alcanzarse un consenso sobre un problema que continuará al referirse a los abortos clandestinos que cada año ascienden a 500 mil y son la causa de muerte de muchas mujeres.
Cifras revelan que en 2016 hubo 245 defunciones maternas en Buenos Aires, 43 de ellas por aborto, informó al Senado el ministro de Salud, Adolfo Rubintein, uno de los partidarios del proyecto de ley.
Asimismo, Pedro Guastavino del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, defendió el documento que combatiría esa clandestinidad.
Pero el legislador oficialista Mario Fiad, presidente de la comisión de Salud, al exponer su negativa sobre el proyecto de ley dijo que era una violación claramente a la Constitución argentina y los tratados internacionales a los que estaban suscritos.
El derecho a la vida está por convertirse en el débil de los derechos, aseveró.
Por otra parte, el presidente Mauricio Macri publicó a través de la red social Facebook que la importancia de esa votación va mucho más allá del tema específico que intenta dirimir y planteaba como sociedad un escenario pacífico para promover y realizar cambios.
Agregó la nota que obligaba a los argentinos como individuos a comprometerse en aceptar que hay otros con pensamientos distintos.
El Código Penal actual de la nación austral penaliza la interrupción del embarazo, tipificada como delito en el Título I, Capítulo I Delitos contra la vida, que establece como aborto no punible el que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o salud de la mujer, entre otros casos.
Al ser rechazado el proyecto de ley, no podrá presentarse nuevamente hasta dentro de un año.
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