Ucrania es una «mina de oro» que no podemos perder, afirma senador de EE.UU.

Lindsey GrahamBill Clark / CQ-Roll Call, Inc / Gettyimages.ru
Lindsey GrahamBill Clark / CQ-Roll Call, Inc / Gettyimages.ru

Lindsey Graham, un senador de EE.UU., en el programa Face the Nation, comentó este domingo que Occidente está interesado en ayudar a Ucrania a cambio de sus recursos naturales que pueden dar beneficios de 10 a 12 billones de dólares y que no quiere que lleguen a manos de Vladímir Putin, el presidente ruso.

«Si ayudamos a Ucrania ahora, podrá llegar a ser el mejor socio de negocio con el que jamás habíamos soñado», añadió, refiriéndose a los recursos minerales de los que pueden sacar beneficios los países europeos y EE.UU., en vez de Rusia y China. «Ellos tienen de 10 a 12 billones de dólares de minerales esenciales en Ucrania», dijo, suponiendo que podría ser el país más rico de Europa. «No quiero dar ese dinero y activos a Putin para que los comparta con China», confirmó el senador republicano, señalando que sería «ridículo».

«Vamos a ayudarlos a ganar la guerra que no podemos permitirnos el lujo de perder», subrayó Graham, hablando de la necesidad de encontrar la solución del conflicto. «Pero están sentados en una mina de oro».

Cabe recordar que, en marzo de este año, durante su visita a Kiev, el senador había exigido al Parlamento ucraniano aprobar la ley de movilización que disminuiría la edad mínima para el reclutamiento de 27 a 25 años. «Necesitamos más gente en la línea», recalcó el senador hace cuatro meses. «No importa lo que hagamos, ustedes luchan por ustedes».

La decisión de acudir a instancias fuera del territorio nacional llega luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador declarara en la noche del viernes como legal la aprehensión de Glas durante la irrupción a la embajada de México el pasado 5 de abril.

Para la defensa de Glas, el tribunal ha fallado gravemente al justificar la incursión en la sede diplomática mexicana, violando directamente disposiciones internacionales, como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“El tribunal erró al aplicar un estado de excepción como justificación, ignorando precedentes internacionales que protegen explícitamente la soberanía de las misiones diplomáticas, incluso en situaciones de emergencia”, apuntaron los abogados.

Igualmente, cuestionan cómo la sentencia asegura que las órdenes de captura y detención siguieron el debido proceso, cuando los métodos y contextos utilizados son incompatibles con el respeto a los derechos humanos de Glas.

También refieren la falta de reconocimiento por parte de la Corte de su condición de asilado y la no admisión de los “amicus curiae”, recursos presentados por diversas personas, incluidos los expresidentes de Colombia y de Bolivia, Ernesto Samper y Evo Morales, respectivamente.

El tribunal de apelación de la CNJ revirtió la decisión de primera instancia y calificó la detención de Jorge Glas como legal, legítima y no arbitraria.

El exfuncionario se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en huelga de hambre, aunque recibe sueros, y recientemente personas cercanas a él manifestaron preocupación por su salud.

El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) solicitaron hace unas semanas al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (ONU) tratar urgentemente la situación de Glas.

Glas, quien fue vicepresidente de Rafael Correa, estaba en la embajada mexicana desde diciembre de 2023, cuando solicitó asilo en rechazo a las acusaciones y cargos en su contra.

El exvicemandatario, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.

A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.

mem/avr

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