La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este martes que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de EE.UU. contra su país han afectado el trabajo de 150 empresas venezolanas dedicadas a la producción, importación y prestación de servicios en sectores fundamentales para la vida, situación que el Gobierno nacional califica como la ejecución deliberada y continuada de un crimen de lesa humanidad.
En declaraciones ofrecidas en Caracas, Rodríguez detalló que de las 150 empresas sancionadas por Washington, 10 son del Estado y 140 pertenecen al sector privado, y se dedican a la producción e importación de medicinas y alimentos, así como también a prestar servicios fundamentales como distribución de agua potable, gas doméstico, combustibles y electricidad.
También resaltó que las sanciones han provocado que empresas extranjeras y gobiernos de 26 países se abstengan de establecer relaciones comerciales con Venezuela, bien sea con el Estado o con empresas privadas, por temor a ser castigados por EE.UU.
La vicepresidenta ofreció esta información luego de comentar que el lunes, el Ejecutivo venezolano entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) “un informe contentivo de evidencias sobre el daño que han causado las medidas coercitivas unilaterales“, lo que forma parte del expediente “Venezuela II”, que introdujo el Estado venezolano ante esa instancia judicial en febrero de 2020.
En detalle, la también ministra de Economía y Finanzas dijo que el impacto de las sanciones contra su país se percibe ya con la promulgación de leyes y decretos “ilegales” con los que Washington ha recrudecido la aplicación del “bloqueo criminal”, que se evidencia en miles de millones de dólares congelados en la banca internacional a pesar de que estaban destinados a la adquisición de insumos médicos, alimentos y vacunas para niños.
“Hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables para afirmar que se han cometido crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos“, dijo, y recalcó que el planteamiento de este caso no es para victimizar al país ni para “andar llorando”, sino para “mostrar al mundo el bloqueo criminal de EE.UU. y su impacto negativo contra la población”.
Servicios esenciales fracturados
Como ejemplo del efecto negativo del régimen de sanciones, Rodríguez indicó que el servicio de agua potable es uno de los más afectados. Así, mostró documentos de varias empresas que han intentado comprar maquinaria para el bombeo y han recibido respuestas negativas en las que se alega la imposibilidad de realizar la venta debido al bloqueo.
Lo mismo ocurre, dijo, con empresas consagradas a otros servicios esenciales, como las que trabajan en el suministro de alimentos a través de los CLAP, que han sido vetadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
También mencionó, siempre como ejemplo, la salida forzada del país de distintas farmacéuticas multinacionales, que tuvieron que abandonar Venezuela para evitar las sanciones, y recordó que en 2016 salieron 15 de las compañías que producían medicamentos en territorio venezolano.
Rodríguez recordó que el bloqueo ha provocado una caída de ingresos en divisas del 99 %, el despojo de 31 toneladas de oro por parte del Reino Unido y decenas de sanciones contra buques y aeronaves, como las que se aplican contra Petróleos de Venezuela, para impedir que exporte o importe todo lo relacionado con el sector energético y de combustibles.
Además, señaló que así como fueron retenidos los recursos para adquirir vacunas contra el covid-19, distintas entidades financieras han bloqueado millones de dólares presupuestados para realizar las campañas de inmunización infantil en la prevención de enfermedades como neumococo, rotavirus, difteria, sarampión y otras de esencial importancia.
Rodríguez resaltó que las nuevas evidencias enviadas a la CPI incluyen confesiones públicas de altos funcionarios estadounidenses que admiten el efecto de las sanciones, como pruebas contundentes de crímenes de “asesinato, persecución, exterminio y actos inhumanos” contra la población venezolana, en medio de un “ataque sistemático y generalizado”, que, “según el Estatuto de Roma, constituyen delito de lesa humanidad”.
