Buenos Aires, 6 ene (Prensa Latina) El Estado de Derecho y la división de poderes están hoy bajo amenaza en Argentina, alertaron legisladores del Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires.
Mediante un comunicado, diputados y senadores del FdT en ese territorio denunciaron las violaciones cometidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y respaldaron la decisión del presidente Alberto Fernández y varios gobernadores de solicitar un juicio político contra los miembros de ese organismo.
Asimismo, señalaron que está en tela de juicio la supuesta independencia del poder judicial y la neutralidad de sus fallos.
El miércoles, Fernández entregó la petición a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Ana Carolina Gaillard, y al líder del bloque del FdT en ese organismo, Germán Martínez.
Además, les pidió que contribuyan a impulsar el proceso en los plazos más breves posibles.
En dicho documento el mandatario y los gobernadores aseguran la existencia de “una inadmisible degradación que pone en jaque al sistema republicano de división de poderes”.
Según explica el texto, ello ocurrió principalmente por acciones de la CSJ como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26 088, la cual estaba vigente desde hace 16 años y establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Dicho ente también favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el incremento de los fondos coparticipables y emitió una medida cautelar para obligar al Estado a pagarle a esta capital ese aumento, aun cuando ello no esté contemplado en el Presupuesto aprobado para 2023.
Es una situación anómala en la que un poder del Estado decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias de los restantes, expone el documento.
Asimismo, denuncia la convivencia y la negociación entre la Corte y el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro.
Por otra parte, asegura que el titular de la CSJ, Horacio Rosatti, diseñó una maniobra ilegal, mediante la cual asumió de forma irregular la presidencia de la misma; tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y manipuló la integración de este.
De acuerdo con el texto, todo fue orquestado junto a la alianza opositora Juntos por el Cambio, en especial, por D’Alessandro y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez.