La Paz-. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ratificó hoy su compromiso con la recuperación de la memoria histórica sobre las violaciones a los derechos humanos registradas en la nación a finales de 2019.
En el acto de presentación de los resultados de la pesquisa realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el mandatario calificó de terrible lo sucedido tras el régimen de facto encabezado por Jeanine Áñez.
Con base en evidencias contundentes y científicas, remarcó a partir del informe que el golpe de Estado fue coordinado y gestado meses antes de noviembre de 2019 con llamados expresos a la desobediencia civil y al desconocimiento de las elecciones.
El documento, precisó, refiere la conducta asumida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, en el establecimiento de prácticas no amparadas por el derecho de protesta, al extremo de crear situaciones de excepción que dependen únicamente de decisiones estatales.
Una organización privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas, y mucho menos emitir permisos de circulación, arrogándose funciones que no le competen, comentó Arce sobre la base del texto.
Después de 37 años de construcción democrática en Bolivia, agregó, el informe del GIEI establece claramente que en reunión del 12 de noviembre de 2019, en el Senado, y sin el quórum previsto en reglamento, Áñez se proclamó líder de esa rama legislativa.
Luego, también sin la cantidad requerida, en el recinto senatorial, se declaró presidenta interina del Estado, ingresó a Palacio y un militar le colocó la banda y le entregó el bastón de mando, señaló.
Si este no es un golpe de Estado, qué más pruebas se necesitan, reflexionó, mientras preguntó qué pasó después de la autoproclamación inconstitucional. Fue la restitución de la república colonial, racista y discriminadora, respondió.
El informe también describe –dijo- que ‘los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y antiindigenista, acompañado de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena, representada en esos momentos por la Wiphala’.
Asimismo, enfatizó, altos dirigentes de la administración de Áñez se pronunciaron prometiendo el escarmiento y anunciando una cacería de masistas, a quienes sin prueba alguna llamaban sediciosos, terroristas y cómplices de terrorismo.
Producto de todas las acciones violatorias de los derechos humanos, recordó, 38 bolivianos, probablemente en el mejor momento de sus vidas, recibieron disparos y fueron masacrados. Otros centenares de personas sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas, resaltó.
El presidente boliviano honró la memoria de todas las víctimas mortales durante ese periodo, pidió perdón y acompañó el dolor de sus familias, algo que, según dijo, los culpables nunca hicieron.
