En tal sentido, la Cancillería venezolana emitió un comunicado oficial el sábado último en el que denunció la continua agresión del régimen estadounidense contra Caracas, con el único objetivo de promover y justificar el derrocamiento del presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro.
‘Venezuela nunca ha invadido ni bombardeado otros pueblos, carece de armas de destrucción masiva, no tiene bases militares distribuidas alrededor del mundo, ni posee el mayor presupuesto militar en la historia de la humanidad, por la que mal podría considerarse una amenaza contra cualquier Estado’, precisó el texto.
‘El decreto de Washington va contra las normas que rigen las relaciones entre las naciones civilizadas, es un ejemplo más del desprecio de la élite dominante estadounidense contra los más elementales principios y obligaciones del Derecho Internacional Público’, indicó la nota del Ministerio para las Relaciones Exteriores.
Añadió que la renovación de la orden ejecutiva constituye un crimen de agresión y tiene por objeto incrementar las presiones políticas y económicas contra la sociedad venezolana, para influir en el desarrollo de las elecciones presidenciales, de consejos legislativos estaduales y municipales, previstas para el 20 de mayo.
La determinación del gobierno de Estados Unidos, a través de su presidente, Donald Trump, da continuidad a la emergencia nacional establecida mediante orden ejecutiva por su antecesor, Barack Obama, el 8 de marzo de 2015.
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