El titular del ministerio de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas también mencionó entre las acciones desestabilizadoras del Gobierno de Donald Trump, medidas coercitivas unilaterales, intromisión en los asuntos internos de los Estados, cambio climático, además de la implementación de una política migratoria racista y discriminatoria.
Hacia la nación caribeña, la política exterior de Washington se ha caracterizado por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla desde hace casi seis décadas que impide el desarrollo del país.
El recrudecimiento de esa política se hizo efectiva con la activación del Título III y de la Ley Helms-Burton, la cual otorga a ciudadanos estadounidenses la posibilidad de presentar en cortes federales demandas contra quienes ‘trafiquen’ con ‘propiedades confiscadas’ y se extiende esa autorización a propietarios que no eran ciudadanos norteamericanos al momento de las nacionalizaciones en 1959.
De igual modo, las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, hacia otros Estados de la región como Nicaragua y Venezuela, tampoco han sido positivas.
En Venezuela, por ejemplo, apoyaron el intento de imponer, a través de un golpe de estado, un Gobierno al servicio de Estados Unidos.
Además, la administración del presidente Trump decretó un bloqueo económico y financiero a la nación bolivariana, una medida de asfixia que busca el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
Según el canciller venezolano, Jorge Arreaza, se trata en total de una ley y varios decretos ejecutivos destinados a apoderarse de los activos del Estado bolivariano en el exterior, particularmente en Estados Unidos.
Lo más reciente de la política de Washington hacia Caracas, es la sugerencia de Trump a sus funcionarios de seguridad nacional para estacionar barcos de la Marina a lo largo de la costa venezolana con el objetivo de evitar la entrada y salida de bienes.