Madrid, 10 sep (PL) Las autoridades de Cataluña activaron esta semana su autoproclamado proceso soberanista con vistas al 1 de octubre, cuando pretenden realizar un referendo unilateral para separar a esa comunidad autónoma del resto de España.
Pese al rechazo frontal del gobierno de Mariano Rajoy y de la justicia española, la normativa fue avalada con los 72 votos de Juntos por el Sí y la agrupación anticapitalista CUP, 11 abstenciones y la ausencia de gran parte de la oposición, que denunció la ilegalidad de la votación.
Para la coalición Juntos por el Sí -integrada por Esquerra Republicana de Cataluña (izquierda) y el centroderechista Partido Demócrata Catalán- la flamante norma legitima un sufragio sobre la escisión de España basado en el principio de autodeterminación.
Tras la tensa y maratoniana sesión de la cámara catalana, el presidente de la Generalitat (ejecutivo catalán), Carles Puigdemont, firmó el decreto de convocatoria de la consulta secesionista.
Puigdemont aseguró entonces que defenderá hasta el final el derecho a decidir de Cataluña y llamó a los catalanes a participar de manera masiva en el referéndum.
‘Negar ese derecho, tratar a los catalanes como súbditos al servicio de un Estado que fabrica amenazas al mismo ritmo que incumplimientos, eso no es democracia, es otra cosa’, denunció el mandatario autonómico.
A su juicio, la rica región de 7,5 millones de habitantes tiene la oportunidad de constituirse en un estado ‘democrático, moderno y libre’.
Decisión que, advirtió, corresponderá a la gente y no a ningún Consejo de Ministros o Tribunal Constitucional (TC) ‘deslegitimado, desprestigiado y politizado hasta niveles impropios’, subrayó.
La administración de Rajoy y el TC desplegaron todo su arsenal para frenar las aspiraciones separatistas, que se intensificaron a partir de 2010.
Entonces, la formación del actual jefe del Gobierno, el conservador Partido Popular (PP) -en aquel momento principal fuerza de la oposición-, consiguió que el Constitucional restringiera una reforma del Estatuto de Autonomía aprobada por el parlamento y la población catalana.
El 28 de junio de 2010 el alto tribunal, a petición del PP, anuló varios artículos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional, lo cual fue considerado por los partidos secesionistas como una afrenta a ese territorio del noreste español.
En una comparecencia en el Palacio de La Moncloa (sede del poder central) y luego de recurrir ante la justicia todos los pasos dados por la Generalitat, Rajoy aseguró que impedirá por todas las vías legales posibles la realización del polémico referendo.
‘Esa consulta, por más que se pretende imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar’, remarcó el dirigente conservador, que calificó de autoritarias y antidemocráticas las actuaciones de Puigdemont.
El también líder del derechista Partido Popular (PP) afirmó que hará todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitar la ruptura del modelo de convivencia en esta nación ibérica.
Lo que no es legal no es democrático, enfatizó el gobernante, quien aseveró que responderá con firmeza y serenidad a las pretensiones soberanistas.
Consultado por el grave conflicto territorial, el secretario general de la coalición de izquierda Unidos Podemos, Pablo Iglesias, emplazó a La Moncloa a moderar el tono del debate y apostó una vez más por la celebración de un referendo pactado y con garantías.
Puede que el Gobierno tenga razón en cuestiones jurídicas, pero es irresponsable cuando se parapeta en la ley para arreglar un problema político, opinó el dirigente de la tercera fuerza parlamentaria en España.
No hay soluciones reglamentarias o legales capaces de resolver un mejor encaje de Cataluña en España, advirtió Iglesias.
Lo que toca ahora es altura de Estado, sensatez y calma, pero, sobre todo, el reconocimiento de que los conflictos políticos no los resuelven los jueces, se tienen que resolver políticamente, remarcó.
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