Tal como había anunciado, Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, la Administración Trump incluye a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña formó parte de dicho listado, por primera vez, en 1982, durante el gobierno de Ronald Reagan. Los primeros argumentos correspondieron a que durante los años 70 y 80. Según la dirección Reagan, la Isla era artífice de la desestabilización en América Latina, por apoyar a los gobiernos de liberación nacional, mientras que en realidad se combatía contra los escuadrones de la muerte durante la guerra de baja intensidad.
En 2015, Barack Obama sacó a Cuba del listado; sin embargo, la propuesta se retomó en 2020, bajo las justificaciones de que no se colabora lo suficiente en la lucha contra el terrorismo. Además de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro y a sus supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
A pesar de la denuncia por parte de la opinión pública internacional, es un hecho desde este mes de enero. La decisión está sustentada en argumentos falsos, sostenidos en campañas contra el gobierno cubano. De esta manera, se suma otra condición y etiqueta, como parte de las políticas de control que impone los Estados Unidos a Cuba.
Entre las sanciones aplicadas a una nación que integre la lista de países patrocinadores del terrorismo tienen efectos graves como la limitación de la venta de tecnologías, no se puede acceder a ayudas económicas de Estados Unidos, no puede recibir a préstamos y líneas de crédito en instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
La actual decisión solo recrudece e incentiva el pánico y la pérdida de confianza en mejorías futuras, puesto que dichas penalizaciones están aplicadas a Cuba con el bloqueo económico, pero es otra sanción que debe ser levantada desde Washington.