El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) sesionará este jueves en Managua para debatir la crisis desatada en Bolivia tras el golpe de Estado al presidente Evo Morales.
Se espera que la reunión denuncie la ruptura del orden constitucional en el país andino-amazónico, luego que el mandatario Evo Morales renunciara a su cargo este domingo presionado por el alto mando militar.
Morales explicó que se vió obligado a dar ese paso a fin de evitar un baño de sangre tras la ola de violencia desatada por sectores de la oposición golpista con el contubernio de los institutos armados.
Desde este miércoles se encuentra en Managua Diego Pary, canciller en el gobierno de Morales, quien denunció el doble papel de la Organización de Estados Americanos (OEA), cómplice y actor, en el proceso golpista.
Está claro que los intereses del sector oligárquico eran romper el orden constitucional, dar lugar al golpe de estado y sacar a Evo Morales del gobierno, declaró el jefe de la diplomacia boliviana a su llegada al Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”.
Todo el apoyo de los pueblos de América Latina y el Caribe es muy importante para que Bolivia pueda retomar el rumbo democrático, insistió Pary.
Interrogado acerca de una solución para detener la violencia galopante en su país, aseguró que sin dudas el diálogo es el mejor camino, “pues entendemos que no se puede seguir perjudicando a la gente y reprimiéndola”.
El ALBA denunció el lunes el golpe de Estado en Bolivia y las amenazas y agresiones perpetradas contra las autoridades legítimas de ese país y sus familiares por grupos radicales de la derecha.
Los estados miembros del ALBA son Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves.
Campesinos mantienen bloqueada la carretera Sucre-Potosí
Familiares del fallecido Marcelino Jarata en el entierro. Foto: El Potosí.
Los comunarios de los municipios de Betanzos, Chaquí y Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra, enterraron ayer a Marcelino Jarata Estrada, quien murió por bala en un enfrentamiento con fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército; mientras, mantienen el bloqueo en la carretera Potosí-Sucre.
Pedro Francisco Coro es comunario de esa región potosina y participa en el bloqueo que se encuentra en el sector de la Ck’asa en Betanzos. Comentó que están bloqueando el camino por instrucción de la confederación nacional.
Apuntó que el bloqueo en el camino Sucre-Potosí se mantiene en el sector de Betanzos, demandando respeto a sus valores y principios como nacionalidades y frente al grave atentado cometido por la gente de Camacho y Pumari a la whipala.
El poblador del área rural dijo que se sienten discriminados porque los de la ciudad no quieren reconocer su voto de las últimas elecciones generales, el cual habría sido por Evo Morales.
Pedro Francisco remarcó que están cumpliendo una instrucción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y mantendrán la medida el tiempo que sea necesario.
Marcelino Jarata Estrada, de 53 años, falleció en un enfrentamiento entre los comunarios y fuerzas combinadas de Policía y Ejército el martes.
Los informes preliminares señalan que la víctima era natural de la comunidad de Quebrada Honda y tenía una numerosa familia.
El dirigente Eduardo Zola lamentó la pérdida de la vida de un humilde ciudadano.
El representante de los comunarios de la provincia, Cornelio Saavedra, dijo que lastimosamente se mantiene la discriminación al campesino pese a que es gracias a él que comen los citadinos.
Reporteros bolivianos sufren ataques de bandas fascistas
Reportero boliviano atado a un árbol. Foto: Captura de pantalla de Telesur.
La cacería de las bandas fascistas contra los periodistas de los medios estatales o que acompañan al gobierno ahora depuesto recrudecieron el fin de semana pasado. Incluso, antes de que se materializara el golpe de Estado con la renuncia forzada del presidente Evo Morales.
La imagen más dramática que simboliza la situación del país festejada por Donald Trump y Jair Bolsonaro es la de José Aramayo, el director del periódico Prensa Rural y de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Amarrado a un árbol sobre la avenida Saavedra, en el barrio paceño de Miraflores y muy cerca de la terminal de la línea blanca del Teleférico, pasó varias horas así, tomado como rehén por esos grupos descontrolados, transformados en amos de las calles.
El periodista fue atrapado por golpistas civiles cuando se dirigía a la sede de los medios donde se desempeñaba. Durante la madrugada anterior, cuando los trabajadores de prensa ya presumían que quedarían expuestos a un ataque, se llevaron materiales periodísticos y distintos elementos que utilizaban para hacer sus tareas.
Aramayo volvió al día siguiente y cuando lo identificaron, terminó atado al árbol, expuesto a un linchamiento público. El periodista Sebastián Moro, quien realizaba la cobertura para este diario y era editor de Prensa Rural, se salvó del ataque porque pasó horas antes por la sede de la CSUTCB, vio movimientos extraños y retornó a su casa.
Si los integrantes del staff de la radio y el periódico veían venir el copamiento, fue porque un día antes, pero en Cochabamba, habían quedado impresionados con la quema de la sede de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico del Chapare y del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Aramayo estuvo amarrado con las manos a su espalda e inmovilizado contra un árbol mientras otros periodistas lo entrevistaban en esa situación. Algo patético.
Cuando le acercaron un micrófono dijo que iba a entrar al edificio “para operar la radio”. La horda lo acusaba de querer ocultar cartuchos de dinamita, como se desprende de sus propias palabras. Horas después fue liberado.
Prensa Rural es un periódico semanal que tiene una edición impresa y otra digital. No fue el único que resultó atacado, copado o quemado. Los medios públicos Bolivia TV (BTV) y la radioemisora Red Patria Nueva (RPN) también se transformaron en blanco de estos grupos que amenazaron a sus comunicadores y los forzaron a dejar los lugares donde trabajaban.
El 9 de noviembre y antes de ser inducido a renunciar, Evo había denunciado la situación por twitter: “Los medios estatales BTV y RPN han sido intervenidos por grupos organizados que después de amenazar y amedrentar a los periodistas los obligaron a abandonar sus fuentes de trabajo. Dicen defender la democracia, pero actúan como en dictadura”.
El director de la Red Patria Nueva, Iván Maldonado, citado por Sputnik también declaró: “Manifestantes que habían cercado nuestros estudios nos retuvieron por unas dos horas, amenazándonos con destruir los equipos y cortar las emisiones si no suspendíamos nuestro trabajo periodístico”.
Mónica Pacheco, gerente de información de Bolivia TV, dijo cuando abandonó su trabajo: “Tenemos derecho a pensar diferente. Fuimos rehenes. Nos han amenazado con que no vamos a volver a trabajar, pero vamos a seguir compañeros”, dijo entre sollozos.
Abia Yala TV, otro canal, pero privado y que pertenece a la fundación homónima, corrió la misma suerte. Situado en el barrio de San Miguel, al sur de La Paz y zona habitada por la clase media opositora al gobierno, fue desalojado bajo amenazas de que lo dinamitarían.
Su programación es básicamente cultural. Lo dirige la exviceministra de Comunicación de Morales, Claudia Spinoza Iturri. Muy cerca de ahí, en el barrio de Chasquipampa, la que sufrió otro ataque fue la presentadora de TV Universitaria y crítica del gobierno, Casimira Lema. Le quemaron la casa cuando no se encontraba y denunció el episodio con un video en las redes sociales.
Se estima que en el país hay unos cinco mil periodistas, según datos de la Asociación Nacional de la Prensa en Bolivia (ANP), que reúne a los empresarios de medios.
Esta organización ya había alertado a fines de octubre cómo se iba tornando viral la violencia contra la prensa: “Demandamos a gobernantes, autoridades públicas y privadas, dirigentes políticos y sociales y a la población en su conjunto, respetar, garantizar y facilitar el trabajo de los medios de comunicación y periodistas de Bolivia, que en las últimas horas han comenzado a sufrir amenazas, vejámenes e incluso agresiones físicas. La labor periodística, en ambientes de extrema polarización como el actual, está expuesta a la exacerbación de los sectores enfrentados…”.
La ANP llevaba registrados hasta ayer 15 casos de ataques a periodistas desde que el país quedó acéfalo y las calles de sus principales ciudades fueron tomadas por grupos de derecha dispuestos a todo. Ese escenario se complicó más desde que militantes oficialistas también salieron a defender al gobierno de Evo. De un lado están ellos, los campesinos, pobladores de El Alto, cocaleros y militantes del MAS. Del otro los frentes cívicos con el empresario ultramontano Luis Fernando Camacho a la cabeza y el respaldo de las fuerzas armadas y la policía golpistas. La amenaza de una guerra civil es cada vez más verosímil. La escalada de ataques a periodistas parece destinada a impedir que puedan contar lo que está pasando.
Carmen Aristegui: “Usar a los medios para validar un golpe de Estado es muy peligroso”
Periodista mexicana Carmen Aristegui. Foto: Stephania Carmona/sopitas.com
En el marco de la crisis política que enfrenta Bolivia, y tras autoproclamarse la legisladora opositora Jeanine Áñez como presidenta interina, la periodista mexicana Carmen Aristegui manifestó a RT su opinión sobre la situación en ese país andino y el asilo concedido en México a su despuesto presidente Evo Morales.
“El hecho de que la elección última esté señalada de graves irregularidades no justifica en absoluto el golpe”, señaló la periodista al analizar los acontecimientos. Además, resaltó la importancia de tomar en cuenta el “contexto previo” que dio paso a una “circunstancia inadmisible”.
Aristegui hizo un llamado a estar alertas ante las consecuencias que pueden desencadenarse a partir de la situación actual. “Cuando se usa a los medios para validar un golpe de Estado, es muy peligroso”, precisó al calificar la reacción de la prensa ante los recientes acontecimientos.
Asimismo, se refirió a la Biblia que Áñez llevó la sede presidencia. “Cuando se recurre también al fundamentalismo religioso, es muy peligroso”, insistió la periodista, que se ha destacado por su larga trayectoria en el trabajo informativo.
Aristegui calificó de muy grave el hecho de que una autoridad se autoproclame como tal, sin fundamento constitucional y sin el respaldo suficiente, como lo que ocurrió este martes en el Senado boliviano –donde no hubo quórum para investirla– y dio paso a la apropiación de la presidencia.
Finalmente, la periodista destacó la tradición histórica de México al otorgar asilo a personajes importantes, y subrayó que este recurso es la “posibilidad que tiene un Estado de recibir y proteger a un individuo cuya vida está en peligro”.
Ministro del Gobierno de facto de Bolivia anuncia una “cacería” contra exfuncionarios
Arturo Murillo, recién nombrado ministro de Gobierno de Bolivia, en La Paz. Foto: Aizar Raldes/AFP.
El exsenador Arturo Murillo, quien tras el golpe de Estado consumado contra Evo Morales asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno en Bolivia, afirmó que el nuevo Ejecutivo del país sudamericano irá “a la cacería” de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la Administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien debió exiliarse por la interrupción de la democracia.
Así, a los pocos minutos de asumir el cargo de modo irregular, le dijo a la prensa: “Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país”.
Murillo considera que Quintana y García Linera fueron presuntos responsables de los disturbios que se generaron el domingo tras la dimisión de Morales, quien abandonó el cargo tras el pedido público de renuncia pronunciado por las Fuerzas Armadas y la Policía.
Entre sus diatribas, manifestó que si esas dos personas vinculadas a Morales no quieren ir a la cárcel, deberían dejar el país. “Haremos cumplir la ley”, acotó el político identificado con el partido Unidad Democrática (UD), quien llegó al Ejecutivo tras el golpe.
En otras palabras, Murillo señaló que “no habrá persecución a nadie, salvo al que comete delitos». Y sumó: «Ese será perseguido”. Asimismo, continuando con las promesas del Gobierno de facto, acotó que les darán “seguridad a todos”. Para concluir, advirtió: “Aquel que trate de hacer sedición a partir de mañana, que se cuide”.
Opositor Carlos Mesa pide a México prohibir a Evo Morales hablar de política
El excandidato presidencial de Bolivia, Carlos Mesa. Foto: AFP.
El excandidato presidencial de Bolivia, Carlos Mesa, pidió este jueves al Gobierno de México que no permita al expresidente boliviano Evo Morales realizar declaraciones políticas y “promover” la violencia durante su asilo en el país, al que llegó el martes.
“Queremos denunciar ante el mundo y pedirle al Gobierno de México que respete su propia tradición histórica y que ese Gobierno no le permita al señor Morales seguir haciendo una política destructiva, divisionista y de confrontación en nuestro país”, dijo citado por Reuters Mesa, quien salió segundo en las cuestionadas elecciones de octubre.
Morales viajó a México en búsqueda de asilo luego de renunciar el domingo bajo presión de las Fuerzas Armadas bolivianas. La dimisión del expresidente se produjo luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció irregularidades en los comicios, provocando enfrentamiento entre partidarios de Morales y opositores.
En video, denuncia de Claribel Sandoval, asambleísta departamental de Bacadíes:
(Con información de PL, El Potosí, Página 12 y RT)