Díaz-Canel recordó que el intercambio bilateral de bienes y servicios constituye una actividad legal, amparada por acuerdos comerciales.
La Habana y Caracas lanzaron en 2004 una iniciativa que se convirtió en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) basada en la solidaridad y la complementación económica, a la que se incorporaron otras naciones.
Ayer, el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, anunció las sanciones a 34 embarcaciones de propiedad u operadas por Pdvsa (Petróleos de Venezuela), así como a dos compañías adicionales que transportan petróleo crudo a Cuba.
Estados Unidos lidera una cruzada internacional para imponer un cambio de régimen en Venezuela y acusa a Cuba de ser el sostén del presidente Nicolás Maduro, a quien no reconoce, pese a su triunfo categórico en las elecciones de mayo pasado.
El sector petrolero, del que la nación sudamericana depende para el acceso a divisas, ha sido el blanco principal de las sanciones dirigidas a la asfixia económica.
A raíz del anuncio de Pence, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, tildó anoche de piratería económica las nuevas medidas de Washington, que se suman a una larga lista de acciones contra funcionarios, empresas y sectores venezolanos.
Rodríguez afirmó que las sanciones se enmarcan en el objetivo de la actual administración en la Casa Blanca de robar los recursos del país sudamericano, pero fracasarán.
Respecto a Cuba, subrayó que 60 años de agresión imperialista no han doblegado la voluntad de los habitantes de la isla.
‘Las nuevas medidas que hoy celebran altos funcionarios y políticos anticubanos en Estados Unidos no lo lograrán. Saben que van contra el sentido de la historia y la voluntad mayoritaria del pueblo estadounidense’, agregó.
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