El ordenamiento monetario, implementado desde el primero de enero del año en curso, trajo aparejada una ardua faena de control para cumplir con las indicaciones del presidente Díaz-Canel cuando al anunciar el inicio de la tarea señaló: «los precios abusivos y especulativos no se permitirán, se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores».
A velar por tal arista, que redunda en la protección de los intereses del pueblo y en las garantías de sus derechos como consumidores de los principales bienes y servicios que se prestan tanto en instituciones y comercios estatales como privados, se consagra el cuerpo de Supervisión y Control de Manzanillo.
Aunque es aún tema no resuelto este de los precios abusivos y especulativos, definidos en el Decreto 30, De las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas, publicado en la Gaceta Oficial No. 8 Extraordinaria, de 29 de enero de 2021, desde la Dirección Integral de Supervisión (DIS) de esta localidad no se da tregua a los infractores.
«Desde el primero de febrero hasta el 25 de Abril se han aplicado 146 multas al sector estatal, con un importe de 951 mil pesos, lo que resulta principalmente de las inspecciones a las entidades de Comercio, Gastronomía, Servicios técnicos y personales, concurrentes de los mercados agropecuarios, en fin personas naturales según establece la norma», explica Solay Viltres Domínguez, directora de la DIS en Manzanillo.
«Nuestros inspectores, con una orden del director que les da la facultad para entrar a cualquier entidad, incluso a las viviendas donde se ejerce el trabajo por cuenta propia, y hacer las inspecciones correspondientes, se enfocan a fondo en la documentación para comprobar que existe control y fiscalización de los recursos y servicios: ello incluye como infracciones desde no informar al público el precio del producto hasta las faltas en el almacén».
Ante tales conductas, el Decreto del Consejo de Ministros mencionado pauta la multa como principal sanción, unida a otras accesorias como el decomiso, la venta forzosa y obligación de hacer; multas que al quedar derogado el Decreto 227, de noviembre de 1997, ascienden desde cinco mil pesos hasta 15 mil.
«Entre las incidencias negativas mencionemos las retenciones de productos en las tiendas en MLC sin sacarlos a la venta a la población, las violaciones de los escalafones de la Empresa de Servicios Técnicos para la sustitución de piezas y reparación de los equipos electrodomésticos, la mala calidad del pan, y otros que se ejecutan tanto de forma individual como de conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria, y han trascendido sanciones desde las contravenciones hasta separación definitiva de las entidades y organismos».
El trabajo directo con las denuncias de la población manzanillera, hechas de forma anónima o personal, por vía telefónica, constituyen una herramienta eficaz para la detección de violaciones en esta política de precios: casas almacén, venta ilegal de productos, precios exagerados de alimentos como la carne de cerdo.
La técnica en gestión económica Keylan Duboi Montes de Oca, dedica parte de su tiempo laboral a la atención a la población que denuncia las violaciones.
«En el registro habilitado se asientan todas las quejas y se da tratamiento por los inspectores para comprobar y resolverlas en el menor plazo de tiempo posible; las principales responden a los precios de la carne de cerdo, de los productos agrícolas, del engaño al consumidor en las bodegas de la canasta familiar normada».
Por estos conceptos también se ha incidido en quienes ejercen las actividades en el sector no estatal y «se han aplicado desde enero unas 140 contravenciones ascendentes a 209 mil pesos, dentro de los que se incluyen quienes lo hacen de forma ilegal, sin documentación que les autorice; y se han retirado siete licencias a trabajadores por cuenta propia: a cuatro de Servicios gastronómicos, dos carretilleros y un transportista», acota Viltres Domínguez.
Para Miguel Wanto Milanés y Gumercindo León Escalona, integrantes de uno de los 10 dúos de la DIS en esta localidad, cada inspección podría extenderse hasta dos horas e incluso al otro día si se detectan incidencias mayores, constitutivas de delitos.
Aunque pertenecen al Consejo Popular 14 Santa Elena, se les puede encontrar «en cualquier lugar de la ciudad porque estamos para hacer cumplir las leyes cubanas y, aunque el basamento nuestro son los Decretos en vigor, la aspiración es que haya disciplina, que no se violen las políticas, ni hayan precios abusivos y especulativos que tanto dañan al mismo pueblo», valora Gumercindo León con seis años de labor en este frente.
«Atendiendo a ello pues las deficiencias detectadas consisten en faltantes, comprobación de pesaje de productos no completos, la falta de las pizarras informativas donde se anuncian los productos a la venta y sus gramos y precios, que pudieran derivar en engaños».
Su compañero de acción Miguel Wanto Milanés afirma que «si bien nuestro enfrentamiento va más allá, como velar por el cumplimiento de las medidas para contrarrestar la COVID-19, las ilegalidades, la indisciplina social, en el ámbito de precios constatamos la legalidad de los productos que se ofertan al pueblo, y los manzanilleros lo agradecen porque es su derecho el que defendemos».
«Hoy más que nunca tenemos que velar porque no se cometan ilegalidades e indisciplinas, pero si no es con el apoyo de los factores de la comunidad, del pueblo, los inspectores no podemos hacer con exactitud la función para lo cual fue creada esta dirección».
Su actuar consecuente con esta meta siempre superior está vigente, en tanto les queda mucho por hacer para desterrar estas infracciones de la sociedad cubana (dependiente a la vez de otros factores); actuar que se corresponde a la exhortación de la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, en intervención en la Mesa Redonda a un mes de iniciada la Tarea Ordenamiento.
«Tenemos que ir a lo que nos interesa: el cumplimiento de que se despachen las cantidades, calidades y precios que corresponden. Y, por supuesto, asociado a que, en el control popular, se sienta la repercusión de las acciones de rectificación de esas violaciones que se detectan”.
Para ello, como acentúa Solay Viltres, «el inspector tiene que ser muy profesional, íntegro, y llegar hasta lo profundo», para que el pueblo sienta la efectividad de su trabajo por la defensa de sus derechos y en función de esa prosperidad a la que aspiramos todos los cubanos.