Human Rights Watch hace saltar las alarmas por abusos en Ecuador tras el anuncio del conflicto armado

Un joven detenido en Quito, Ecuador, 12 de enero de 2024.Dolores Ochoa / AP
Un joven detenido en Quito, Ecuador, 12 de enero de 2024.Dolores Ochoa / AP

Human Rights Watch ha enviado este miércoles una carta al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para transmitirle su preocupación por el aumento de las violaciones a los derechos humanos y abusos de poder después de que anunciara, el 9 de enero, que el país se encuentra en un «conflicto armado interno», decisión «infundada» que no resuelve el problema de la violencia criminal y pone en riesgo la seguridad de la población.

Tras convertirse en los últimos años en uno de los países de Latinoamérica con la tasa de homicidios más alta, Ecuador registró luego de la emisión del decreto presidencial «múltiples casos de serias violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad», «el recrudecimiento de la violencia» y el aumento de secuestros y casos de extorsión, además de los asesinatos de tres alcaldes y el director de una cárcel.

«Los avances para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos han sido limitados», señaló la organización, puntualizando que «de las 9.000 detenciones reportadas a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo solo haber recibido 494 noticias del delito» y que «los jueces solo habían dictado sentencias condenatorias en cuatro casos, todas por delitos flagrantes».

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Entretanto, los soldados ecuatorianos «parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión», mientras que «los militares, que controlan las cárceles desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica».

«Nos preocupa que las autoridades ecuatorianas parecen haber tomado pocas o ninguna medida para prevenir las violaciones de derechos humanos o para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones», expresó Human Rights Watch.