Con las investigaciones que hasta el momento se tienen del caso Ayotzinapa, hay elementos suficientes para determinar responsabilidades penales contra 33 personas, entre ellas ex funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y militares, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Al presentar el informe sobre los avances del caso, precisó que las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) abarcan desde la desaparición de los jóvenes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta descubrir “quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que ésta se haya implementado”.
Existen elementos suficientes para que la FGR “inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades contra 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes”.
Bajo el argumento del respeto al debido proceso, Encinas se reservó los nombres de las personas señaladas, aunque precisó que entre ellas no está aún el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Se le insistió sobre posibles nombres o cargos de las autoridades locales y federales que estarían siendo investigadas, cuántos elementos del Ejército y la Marina participaron, si en ese listado están además el ex mandatario de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y el propio Peña Nieto.
“Es la fiscalía la que tiene que dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste, de Peña Nieto no”, respondió.
–¿Por qué la responsabilidad no abarca al ex presidente Peña Nieto? ¿Lo están protegiendo? –se le preguntó.
–Corresponde a la FGR, con la aportación que hagamos y la que ella misma desarrolle, fincar las responsabilidades a los servidores públicos involucrados. Ése es el mandato que nosotros tenemos, creo que hemos avanzado muchísimo el día de hoy, replicó, citado por La Jornada.
Insistió en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está enfocada “en dos objetivos fundamentales, y es la facultad de competencia que el decreto del Presidente me ha mandatado: esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre y buscar el paradero de los muchachos”.
Jesús Murillo Karam era procurador general de la República cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Foto: AFP
Detienen a exfiscal de México por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa
Solo un día después de que la Comisión de la Verdad concluyera que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fue “un crimen de Estado”, fue detenido el que fuera fiscal de México en aquel momento, Jesús Murillo Karam.
La Fiscalía confirmó en un comunicado que la aprehensión se llevó a cabo “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso ‘Ayotzinapa’” y que será puesto a disposición judicial. El Gobierno anunció su traslado a una prisión de la capital mexicana.
La Fiscalía también anunció que se libraron otras decenas de órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
Como titular de 2012 a 2015 de la entonces llamada Procuraduría General de la República, Murillo Karam fue máximo responsable de la investigación y principal defensor de la conocida como “verdad histórica”.
Dicha versión apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, en el estado de Guerrero.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam al presentar sus conclusiones a inicios de 2015 y popularizando desde entonces dicha denominación para referirse a la versión oficial.
Poco antes, había pronunciado otra de las frases más polémicas que marcarían igualmente su gestión y por la que recibió multitud de críticas y protestas. “Muchas gracias, ya me cansé”, respondió a una pregunta en una conferencia de prensa sobre los avances en la investigación.
Solo tres meses después, Murillo Karam renunció a su cargo.
Tras las múltiples críticas hacia la “verdad histórica” por parte de familiares de las víctimas y organismos internacionales, la Fiscalía descartó en 2020 su validez y solicitó el arresto de 46 exfuncionarios.
La de Murillo Karam es la primera detención de un político de alto nivel por uno de los mayores casos de violaciones de derechos humanos en México del que, tras ocho años, aún no se sabe la verdad.
El paradero de los estudiantes es desconocido y solo los restos de tres de ellos fueron identificados.
Manifestantes marchan en Ciudad de México en septiembre de 2018 exigiendo justicia por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa. Foto: Reuters.
Padres de los 43 desconocen extremos de imputación contra ex procurador general
De ser “sólido y apegado a derecho”, el proceso que se inicia con la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de la llamada verdad histórica, señalaron los padres y madres de los jóvenes, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En un breve posicionamiento difundido en redes sociales, el Centro Prodh expuso que los padres y los madres de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, “no conocen aún los extremos de la imputación” contra el ex procurador.
Destacó que a los familiares de los normalistas “no les mueve la venganza ni la animadversión personal contra nadie, sino la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan”.
Reiteraron que dada la complejidad de la información que se ha generado, con la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, y con la detención de Murillo Karam, una vez que las familias cuenten con todos los elementos y puedan reunirse darán a conocer su postura conjuntamente en los próximos días.
(Con información de La Jornada y BBC Mundo)