Quito, 21 abr (Prensa Latina) Unos 57 mil 82 agentes de la Policía Nacional custodian hoy los recintos electorales habilitados para la consulta popular y referendo en Ecuador.
Presidente Noboa vota en consulta popular en Ecuador
Abren los colegios, arranca consulta popular y referendo en Ecuador (+Fotos)
De igual manera, las Fuerzas Armadas desplegaron a 39 mil efectivos, de los cuales tres mil 625 se encargan de la seguridad en las cárceles, mientras que ocho mil 624 garantizarán la protección los sectores estratégicos, como las hidroeléctricas.
Este sábado, el Gobierno dispuso la militarización en las centrales hidroeléctricas del país en medio de la crisis que enfrenta el sector aquí.
La decisión se llevó a cabo luego de que el presidente Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción en todo el territorio nacional, medida que durará 60 días y da paso a una intervención emergente y urgente de las instituciones estatales para precautelar la provisión del servicio eléctrico, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo.
En ese contexto, Noboa mide en las urnas su aceptación con las 11 propuestas de consulta popular y referendo constitucional, un resultado que definirá el futuro de su gestión y del país.
Desde las 07:00 (hora local) abrieron aquí los colegios electorales, donde 13,6 millones de electores dentro y fuera del territorio nacional votarán, a favor o en contra, de la iniciativa del gobernante.
Durante la inauguración de la jornada electoral, el jefe de Estado llamó a los ecuatorianos a votar por “el futuro que queremos” y se comprometió a acatar y respetar la decisión popular.
El mandatario señaló que el resultado de la consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomará para afrontar el reto de la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo.
Cinco de los cuestionamientos implican enmiendas a la Constitución, incluida la posible participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado y otra pregunta que permite la extradición de ecuatorianos.
Otras interrogantes tratan la posibilidad de instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y agregar al Código de Trabajo los contratos temporales y por horas, temas polémicos y criticados por organizaciones sociales y políticas.
Seis cuestionamientos no implican cambios en la carta magna, sino reformas a normativas existentes, como el aumento de penas a delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, entre otros.
La cita electoral ha sido calificada por movimientos sociales, políticos, sindicales y estudiantiles como innecesaria y engañosa, mientras para el Gobierno y sus seguidores es la solución a los problemas de seguridad del país.
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