Zaragoza señaló que afirmar que los encausados están siendo juzgados por sus ideas ‘es una falacia de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos’.
Según su criterio, en este proceso judicial, iniciado la víspera, no se persigue una ideología que puede ser defendida en un sistema democrático, sino unas acciones mediante las cuales se trató de imponer un determinado planteamiento político a los demás, subrayó.
El fiscal del Alto Tribunal reprochó a los abogados de los inculpados que expusieran en sus escritos ‘auténticos libelos acusatorios’, con el fin -denunció- de desacreditar a la justicia de este país europeo y de sentar al Estado español en el banquillo.
Indicó que el ejercicio de los derechos políticos no justifica sustituir la Constitución por una ‘legalidad paralela e imponer coactivamente un proceso de segregación territorial’.
El representante del Ministerio Público se refirió al referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, celebrado pese a su prohibición por el Tribunal Constitucional, y a la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña, el día 27 de ese mismo mes.
Insistió en que los alegatos de los letrados de la defensa, que pusieron en duda la imparcialidad del Supremo para enjuiciar a sus defendidos, se basan en un relato alternativo para tratar de crear una versión distorsionada de la realidad.
Cuando se pretenden ejercer derechos políticos al margen de la Ley ‘no solo no hay lesión de esos derechos, sino que se vulneran los derechos del resto de los ciudadanos’, enfatizó el funcionario judicial.
Aludió a ‘esa mayoría silenciosa de Cataluña’, un 60 por ciento del censo electoral -de acuerdo con Zaragoza- que no participó en el referéndum del 1 de octubre, así como al ataque a la soberanía nacional que reside en la totalidad del pueblo español, sentenció.
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