El 22 de octubre de 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy anunció, a través de las principales cadenas de radio y televisión de su país, la imposición de un bloqueo naval a Cuba, poniendo a sus fuerzas militares en estado de alerta máxima. El mundo estaba en medio de la Crisis de Octubre, uno de los momentos más tensos de la historia del siglo XX y el instante en que la humanidad estuvo más cerca de una guerra nuclear.
El detonante fue el descubrimiento, por parte de la inteligencia estadounidense, de la presencia de misiles soviéticos en suelo cubano. Ante la posibilidad de una agresión, el gobierno cubano ordenó el paso de las Fuerzas Armadas a alerta de combate y decretó el Estado de Alarma. Al día siguiente, Fidel explicó al pueblo, por radio y televisión, todo lo ocurrido y dejó claro que el gobierno cubano no tenía por qué rendir cuentas a Estados Unidos, y que estaban creadas las condiciones para resistir y rechazar cualquier agresión enemiga.
Del 22 al 28 de octubre fueron días de enorme tensión. El peligro de un conflicto nuclear era real. La reacción de los cubanos no se hizo esperar: la Patria se encontraba en peligro y sus hijos estaban dispuestos nuevamente a defenderla. Según datos publicados por la Agencia Cubana de Noticias del destacado investigador Tomás Diez Acosta, se pusieron sobre las armas alrededor de 400 mil hombres, y en las brigadas sanitarias, contra incendios y otras de la defensa popular se agruparon otras 100 mil personas; en total, casi medio millón de cubanos movilizados.
Desde el triunfo de la Revolución, las agresiones del gobierno estadounidense se habían agudizado. La invasión mercenaria por Playa Girón demostró de lo que era capaz Washington, y ahora confiaban en que el llamamiento del Plan Mangosta pondría fin al proceso revolucionario. La escalada de amenazas contra Cuba elevó sus niveles hasta hablarse abiertamente de invasión. El 26 de octubre, el Comandante en Jefe tomó la decisión de impedir los vuelos espías a baja altura y, a la jornada siguiente, cuando aviones estadounidenses irrumpieron en el espacio aéreo, un grupo coheteril antiaéreo soviético situado en Banes, entonces provincia de Oriente, derribó un avión U-2.
Sin contar con la presencia del gobierno cubano, los presidentes de la Unión Soviética y de Estados Unidos llegaron a un acuerdo, y el propio 28 de octubre, a través de Radio Moscú, se transmitió una carta de Jrushchov a Kennedy en la que se anunciaba, entre otras cosas, el retiro de las armas soviéticas. Ese mismo día, Fidel Castro explicaba al pueblo cubano y al mundo la posición de Cuba y subrayaba que la única garantía aceptable era que Estados Unidos cumpliera los Cinco Puntos expuestos por la Revolución: el cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica contra el país, la eliminación de todas las actividades subversivas, de los ataques piratas y de las violaciones del espacio aéreo, así como la retirada de la Base Naval de Guantánamo y la devolución del territorio ocupado por Estados Unidos.
La Crisis de Octubre dejó una lección que trasciende su época: la resistencia de un pueblo pequeño frente a una potencia nuclear, y la evidencia de que los acuerdos que deciden el destino de las naciones no pueden hacerse a sus espaldas.
Más de sesenta años después el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impuso formalmente en febrero de 1962 —y que se endureció precisamente en el contexto de la crisis de octubre— sigue vigente, y lejos de desaparecer se ha recrudecido en las últimas décadas, con un impacto directo sobre la vida cotidiana de la población cubana.
A las medidas históricas se han sumado las leyes que hoy conforman el entramado del cerco: la Ley Helms-Burton de 1996, que codificó el bloqueo y le dio alcance extraterritorial, y la Ley Torricelli de 1992. Sobre esa base, la administración estadounidense aplicó en los últimos años más de doscientas medidas adicionales de presión, entre ellas la activación del Título III de la Helms-Burton —que permite demandar ante tribunales de EE. UU. a empresas que operen en propiedades nacionalizadas tras 1959—, la reducción de remesas, las restricciones a los viajes y el cierre de las oficinas consulares en La Habana en distintos momentos.