Después de escuchar a diversos sectores de la sociedad nacional e internacional solicitamos al presidente una audiencia para tratar temas indispensables e imprescindibles para el país, de la justicia y la democracia, de los que depende siempre la paz, expresó la Conferencia en un comunicado.
La Conferencia Episcopal -mediadora y testigo del proceso- había decidido congelar las conversaciones por falta de consenso y ante los acontecimientos violentos en el país, de los cuáles responsabilizó a partidarios del gobierno, pese a que el Ejecutivo rechazó de manera reiterada esas acusaciones.
En ese entonces los obispos consideraron que no existían condiciones para llamar nuevamente a un diálogo entre el gobierno y sectores opositores, quienes apuestan por mantener los tranques y bloqueos de carreteras e incrementar las presiones en contra del Ejecutivo.
Por otra parte, el gobierno denunció que la actual situación de violencia delincuencial en el país es generada por grupos políticos de oposición con agendas específicas, lo cual constituye una conspiración que viola la Constitución.
El pasado 18 de abril estalló en este país centroamericano una ola de violencia en medio de protestas contra reformas al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
Acorde con observadores, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno.
tgj/acl/cvl