Dentro de la Estrategia Económica y Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial generada por la COVID-19 se aprobó una política para la comercialización de productos agropecuarios, y próximamente se emitirán las normas jurídicas para su implementación.
El viceministro de Economía y Planificación, Roberto Pérez Pérez destacó que la política busca, en primera instancia, flexibilizar la comercialización de productos agropecuarios para todos los actores económicos que participen en el proceso de forma ordenada y legal. Insistió además en sustentar la comercialización con un enfoque de cadena de valor, “hay producciones que lo pueden lograr en un mediano plazo como es el arroz”.
Insistió en la importancia de implementar los comités de compras públicas, órgano a nivel municipal que permita identificar quiénes son aquellos productores con más condiciones y posibilidades de ofertar los mejores precios para el consumo social en hospitales y escuelas. Asimismo aclaró que quienes produzcan para este mercado deberán saber que el gobierno se rige por un presupuesto que tiene sus limitaciones.
Uno de los principios de la política es mantener una permanente actualización y divulgación de los precios de los productos de cara al consumidor y que estos conozcan cuáles han sido aprobados centralmente o fijados por los gobiernos provinciales y, en el caso de los municipios, los establecidos por acuerdo de las partes.
El vice titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), insistió en necesidad de incorporar en las rutinas de trabajo tanto de productores como comercializadores un intercambio constante, en mesa de negociación que les permita fijar, desde la racionalidad, los precios a los productos agropecuarios.
“Hay que lograr espacios de intercambio y que tanto productores como acopiadores y el gobierno del municipio, en representación del pueblo, discutan sobre los problemas existentes, se fijen los precios, se reconozcan las necesidades del pueblo y exista un punto de consenso”.
Las producciones que por problemas logísticos y financieros de las entidades acopiadoras y comercializadoras no puedan ser compradas en correspondencia con lo establecido en los contratos, se podrán expender a otras formas de gestión económica existentes en el país.
“Si usted reconoce que hay un trabajador por cuenta propia o una cooperativa no agropecuaria que puede comercializar de forma minorista determinadas producciones, tampoco puede limitarse a criticar precios elevados. Tenemos que facilitarle el acceso a los productos que él va a comercializar y después exigirle que no sean abusivos”, valoró Pérez Pérez.
Las transformaciones tanto en los esquemas productivos agropecuarios como en el diseño de una nueva política de comercialización le permitirán al país cambiar la realidad que hoy nos muestra un desabastecimiento, casi permanente, en mercados agropecuarios.