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Buenos Aires. La renuncia este lunes del subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien mantenía una cuenta de 1.2 millones de euros en Andorra, no mencionada en su declaración jurada, es un duro revés para el gobierno de Mauricio Macri, después que recientemente se conoció que el ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, también tiene cuentas en paraísos fiscales, en momentos en que aumenta la imagen negativa sobre la administración de Cambiemos.
Una marcha convocada por Internet en la zona del Obelisco el pasado 17 de febrero para apoyar a Macri, fue un estruendoso fracaso, y reunió sólo un grupo de personas con carteles que apoyaban la política de “mano dura”, mientras que en las canchas de fútbol en diversos partidos, miles de hinchas de distintos clubes comenzaron a expresar su rechazo contra el presidente Macri, lo que es un indicio del descontento.
La noticia sobre Díaz Gilligan surgió de una investigación del diario español El País, revelando la cuenta de una sociedad que mantenía con el empresario de futbol Francisco Paco Casal, quien mantenía un litigio con la Dirección General Impositiva (DGI) uruguaya desde 2002. Díaz Gilligan –funcionario bajo la alcaldía de Macri en Buenos Aires- se hizo cargo de esa cuenta en 2012 la que está relacionada con la empresa inglesa Line Action, dedicada a la intermediación en transferencias de jugadores, firma que pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc, de la cual se desconocen sus dueños.
En un principio altos funcionarios macristas defendieron a su colega, pero ante los efectos escandalosos que tuvieron las denuncias sobre el ministro de Finanzas, repitiendo la historia del propio presidente que figuraba con cuentas offshore en los Papeles de Panamá como se reveló en abril de 2016, y cuya causa esta prácticamente detenida, la situación no se pudo sostener.
Este lunes el diputado por el Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade presentó una denuncia contra Díaz Gilligan, “en orden a la posible comisión de los delitos de lavado de activos y omisión maliciosa” que cayó en manos de un “juez” amigo del gobierno, como es Claudio Bonadío.
Otro revés para Macri resultó de la resolución del fiscal Ramiro González, quien desestimó la denuncia por intimidación pública y apología del crimen contra el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni al considerar que “es claro que no se ha incitado a la violencia” en esas declaraciones para lo cual utilizó fragmentos de la entrevista del magistrado con radio Caput- que fue allanada- y donde sostuvo su deseo de que el gobierno “se fuera lo antes posible para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir”, expresiones “que se dan dentro del derecho a expresar nuestras opiniones contenido en el bloque constitucional”, sostuvo el fiscal.
Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su “preocupación” ante los dichos de Macri en defensa del policía Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un presunto delincuente que huía, y criticó abiertamente a los jueces que lo condenaban.
Son varios los casos en que el gobierno ha intervenido obligando a renunciar a jueces y suspendiendo a otros como el juez de La Plata, Luis Arias quien falló en favor de los miles de afectados por los tarifazos dispuestos por el gobierno. Hay otra serie de casos similares encubiertos por la mayoría de la prensa local que en 98 por ciento está bajo manejo oficial.
Paro Bancario y marcha de mujeres
A las cero horas de este lunes comenzó un paro de empleados bancarios por 48 horas ante el ofrecimiento de un aumento del nueve por ciento, cuando ellos reclaman un 19 por ciento y la llamada cláusula gatillo, que determina un incremento inmediato cuando se dispara la inflación, como sucede día a día, erosionando severamente los salarios.
Denunciaron que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que protagonizó otro escándalo político recientemente se negó a aceptar las propuestas del sindicato, cuando se sabe que la inflación de 2017 llegó a 25 por ciento y siguió ascendiendo este año.
Miles de mujeres se plegaron al «tuitazo» y al «pañuelazo» en favor de la ley que legalice el aborto, en un país donde se realizan más de medio millón interrupciones ilegales de embarazos por año y decenas de mujeres mueren por esa causa. El pañuelazo (la marcha) se realizó dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, y reclamando “educación sexual”. Este año volverá a presentarse en el Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que cuenta con un fuerte respaldo social de diversos sectores.
Tomada de La jornada