La detención en las últimas horas de la líder opositora Luisa González, de la correísta agrupación progresista Revolución Ciudadana, evidencia una vez más la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de no permitir discrepancias contra su gobierno, al tiempo que trata de llevar a prisión a una de sus más peligrosas oponentes, acusándola sin pruebas verdaderas de haber sufragado anterior campaña electoral con un dinero proveniente del gobierno del hoy secuestrado y encarcelado mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por orden del mandamás de la Casa Blanca, Donald Trump.
Luisa, quien fue la candidata presidencial de Revolución Ciudadana en el 2023 y 2025, fue detenida por policías encapuchados del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), mientras la Fiscalía General del Estado indaga presuntas irregularidades en el financiamiento político y en los gastos de publicidad electoral durante la campaña presidencial del 2023.
Según Primicias, fuentes policiales confirmaron la aprehensión de la dirigente política en Canuto, en el cantón de Chone, en la provincia de Manabí, por agentes de una unidad de investigación de Quito que también la tratan falsamente de vincular con una supuesta trama de delincuencia organizada.
Tiempo después, la Fiscalía de Ecuador publicó en sus redes sociales, sin ofrecer mayor detalle, que la madrugada de este 22 de octubre tres personas habían sido detenidas en las provincias de Pichincha y Manabí «por su presunta participación en el delito de lavado de activos». Sin embargo, no confirmó si entre esos detenidos se encontraba la exintegrante de la Asamblea Nacional.
Una hora después de esa interacción, agregó que «investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos». Además, dijo que, entre las siete personas investigadas, se encuentra L. M. G. A. (siglas de Luisa Magdalena González Alcívar), «contra quienes Fiscalía formulará cargos en las próximas horas por el presunto delito de lavado de activos».
El mes pasado, la dirigente fue impedida por el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador para continuar con el proceso de candidatura en la provincia de Manabí. «Para sorpresa de nadie en medio de esta dictadura», respondió.
Tras conocerse la detención de González, el Movimiento Revolución Ciudadana, que presidió desde 2023 hasta enero de 2026, publicó un comunicado donde le exigen a las autoridades ecuatorianas «informar de inmediato la ubicación exacta de Luisa González y garantizar el acceso irrestricto de sus abogados defensores y veedores de derechos humanos
En un boletín de prensa, Revolución Ciudadana calificó la detención como arbitraria e inconstitucional, al tiempo que responsabilizó al gobierno de Daniel Noboa por su integridad física, psicológica y su vida. «Denunciamos la instrumentalización aberrante del sistema penal y de las unidades especializadas en crimen organizado para judicializar la política: se ha montado de forma exprés una causa penal por presunto ‘lavado de activos’ que busca disfrazar lo que en estricto derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña», dijo.
Del mismo modo, notifican que activaron las «medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)» y que dieron cuenta a los organismos internacionales «sobre el quiebre de las garantías democráticas en el país».
No hay que olvidar que el ex vicepresidente correista Jorge Glas fue apresado por el gobierno de Lenín Moreno, considerado un traidor a su partido, fue posteriormente secuestrado en un allanamiento policial a la Embajada de México y encerrado en una prisión de máxima seguridad en condiciones precarias de salud.
CORREA
En una entrevista a RT, el expresidente Rafael Correa aseveró que se trataba de una «persecución política» contra González y agregó que era «una dictadura que no respeta nada», con referencia al gobierno de Noboa, que «está tratando de aniquilar a la oposición».
En su punto de vista, ante la proximidad de las elecciones seccionales del 29 de noviembre —donde González, recordamos, no podrá participar como candidata a la Prefectura de Manabí tras ser inhabilitada por el Tribunal Contencioso Electoral— se trata de dar «un golpe de efecto persiguiendo a sus principales opositores”, debido a que los candidatos oficialistas han salido mal en las encuestas.
Correa también cuestionó las razones para la detención, que estarían relacionadas con supuestos problemas en el financiamiento de su campaña del 2023, cuando se enfrentó al actual presidente, y se preguntó: «¿Qué tiene que ver una candidata, si el candidato no tiene que ver con los fondos?».
«Vivimos una época de impunidad absoluta», afirmó el exmandatario ecuatoriano, quien señaló que existe una persecución política y judicial contra figuras destacadas de la oposición ecuatoriana. «¿Qué hay que hacer frente a esto?», se preguntó Correa, a lo que expresó: «Habrá que resistir». El exmandatario también denunció que Ecuador «se ha convertido en un narcoestado». «Nos sentimos solos ante la indiferencia del mundo», lamentó.
Previamente, en la red social X, Correa escribió: «Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta! #Ecuadorvencerá».
POR DECIR LA VERDAD
En días recientes, Luisa ha hecho duras críticas a Noboa a través de sus redes con temas como la propuesta de reducir el alumbrado público para ahorrar energía eléctrica, lo que podría traer como consecuencia mayores riesgos para la seguridad ciudadana, en un contexto marcado por la violencia generada por bandas criminales. Del mismo modo, ha cuestionado la falta de combustible en algunas estaciones de servicio en ciudades como Quito.
Asimismo, rechazó el supuesto uso de los recursos públicos por parte del mandatario para alimentar su estrategia de propaganda digital en las principales plataformas sociales, donde ha gastado hasta 2,9 millones de dólares, según Expreso.
En otra de sus interacciones, se pronunció sobre el escándalo del consultor argentino Fernando Cerimedo y denunció la supuesta existencia de un esquema coordinado por Washington para atacar a la izquierda regional: «[Existe] toda una estructura macabra entre Marco Rubio, MAGA [corriente política que rodea a Donald Trump bajo el lema ‘Make America Great Again’], presidentes latinoamericanos que están destruyendo a nuestros países para convertir a Latinoamérica en su patio trasero».
RUBIO Y NOBOA
El hoy aspirante a dictador, Daniel Noboa, está cumpliendo órdenes estrictas del Imperio, que, mediante el correveidile de Trump, Marco Rubio, trata de llevar la guerra contra el narcotráfico, que, realmente, no tiene nada que ver con el control de las drogas ni el esfuerzo contra el crimen organizado.
La situación en Ecuador, donde fuerzas militares norteamericanas campean por su respeto y abusan de la población en zonas ricas en minerales, tiene que ver mucho con programas transnacionales, los cuales, lejos de disminuir la producción y exportación de drogas hacia Estados Unidos, multiplican la violencia contra la sociedad civil, contribuyen al despojo territorial de los pueblos originarios y modifican las leyes y dinámicas económicas en favor de los grandes capitales, mineras y agroindustrias que expolian los territorios desocupados, y maquiladoras que explotan a los trabajadores reprimidos por el clima de violencia.
Como apuntaba el portal colega Habana Radio, el capitalismo antidrogas, su expansión hacia territorios y espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles, que además de enriquecer a los bancos estadunidenses, financiar campañas políticas y alimentar un redituable comercio de armas, beneficia a empresas petroleras, gaseras y mineras trasnacionales, así como a otras grandes corporaciones, industrias maquiladoras, redes de trasporte, y un segmento del sector comercial y de venta al menudeo.
En Ecuador, como en el resto de Latinoamérica, la guerra antidrogas es un remedio a largo plazo para los achaques del capitalismo, que combina legislación y terror en una experimentada mezcla neoliberal para infiltrarse en sociedades y territorios antes no disponibles para él. O sea, no es más que la imposición del terrorismo contra la población de la ciudad y el campo y, al lado de esta política, facilitar la inversión extranjera directa y el crecimiento económico.
Esto es el capitalismo antidrogas: pillaje, ganancia y saqueo, que hoy envuelve a Ecuador, con un gobierno cada vez más dictatorial, donde existen factores estructurales que permiten que ciertos grupos armados clandestinos extorsionen e infundan terror con total impunidad cuando esos actos benefician al capitalismo trasnacional o a la política exterior de Estados Unidos.
Y, en lugar de contar las experiencias de los afectados por la narcoguerra, los periódicos, grupos de reflexión y gobiernos suelen producir reportes dominados por historias de los cárteles en guerra unos contra otros por el control de las rutas del trasiego y territorios. Las victimas generalmente son retratadas como parte de alguna actividad criminal, o al menos relacionadas con alguien relacionado con ésta, una formulación que prácticamente criminaliza comunidades enteras. Contar historias que difieren del guion oficial puede ser mortal.