El 3 de octubre de 1963, hace 60 años, fue firmada por el Gobierno Revolucionario de Cuba la II Ley de Reforma Agraria para acabar con los remanentes del latifundio, al reducir la tenencia de la tierra a cinco caballerías, de las 30 estipuladas por la primera Ley de 1959, lo que además de cambiar radicalmente el sistema de producción agrario dio un definitivo golpe a la contrarrevolución en el campo.
Cuando el país comenzaba a ser víctima del completo establecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU y se aplicaban los más cruentos planes terroristas, de espionaje y subversivos contra la joven Revolución, todavía alrededor de 10 mil propietarios controlaban casi dos millones de hectáreas y en su inmensa mayoría se mostraban desafectos a la nueva realidad de la nación.
En un análisis sobre la necesidad de la II Ley de Reforma Agraria, el fallecido historiador José Cantón Navarro expuso que la mayoría de esos burgueses expropiados en el campo eran aliados del imperialismo y la oligarquía doméstica que “(…) comenzaron a obstaculizar la producción de alimentos, a especular con los productos agropecuarios y a utilizar sus elevados ingresos para financiar los planes contrarrevolucionarios”.
Pero la oposición a la Revolución de parte de ese sector de propietarios no se detuvo en el sabotaje. Durante ese mismo año de 1963, la lucha contra los alzados contrarrevolucionarios entraba en su casi quinto año a un costo de cientos de vidas de combatientes y campesinos asesinados por los bandidos, principalmente en la región del Escambray donde tuvieron como sostén fundamentales a estos terratenientes.
La eliminación de esa importante base de apoyo clasista a los bandidos fue un factor importante junto con la ofensiva del Ejército Rebelde, las Milicias Nacionales Revolucionarias y los Órganos de la Seguridad del Estado para la eliminación definitiva en 1965 de las bandas de alzados en todo el país.
No obstante, la expropiación se realizó de acuerdo con los principios legales y estableció una indemnización a todos los afectados, no por el valor total de sus propiedades, sino una consistente en 15 pesos mensuales por cada caballería expropiada; pero con la especificidad de que ninguno recibiría menos de 100 ni más de 250 pesos mensuales.
Además, facultaba al Presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria, organismo estatal que en aquel entonces administraba el uso de la tierra, a que exceptuara de la Ley a productores que hubieran mantenido la producción de sus tierras en excepcionales condiciones de productividad desde la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1959 y demostrado plena disposición a seguir apoyando los planes de producción del Estado.
La II Ley de Reforma Agraria libró el campo cubano para siempre del remanente de las estructuras capitalistas de explotación y abrió una nueva etapa, que a pesar de no estar exenta de errores y tendencias negativas, sentó las bases de importantes transformaciones sociales y económicas que revindicaron a la clase trabajadora agraria, la más explotada y vilipendiada durante la etapa colonial y en la seudorrepública.