Tribunal de Georgia fija para próxima semana lectura de cargos contra Donald Trump

Donald Trump. Foto. Archivo.

El tribunal superior del condado de Fulton, en Georgia, acogerá el próximo 6 de septiembre la lectura de cargos contra el expresidente Donald Trump y otros 18 acusados en el proceso que examina un alegado complot criminal para revertir los resultados de las elecciones de 2020.

Así consta en documentos judiciales que prevén la comparecencia de Trump para las 09.30 horas (hora local) del 6 de septiembre, justo antes de la de su abogado Rudy Giuliani, informó la cadena CNN.

El exmandatario previsiblemente se declarará no culpable de los cargos que se le imputan, en este caso a nivel federal, aunque la ley no le obliga a hacerlo en persona.

El proceso ya dejó la semana pasada una imagen inédita, la de una ficha policial de un antiguo inquilino de la Casa Blanca. Trump ha utilizado su foto para volver a presentarse como víctima del sistema y cargar contra el supuesto uso partidista del sistema judicial en Estados Unidos.

El viernes, un día después de acudir a una cárcel de Georgia, su campaña logró recaudar 4.18 millones de dólares, una cifra diaria inédita hasta la fecha, según fuentes consultadas por Politico.

El magnate se mantiene como favorito indiscutible en la carrera por hacerse con la candidatura del Partido Republicano para los comicios de 2024.

Entretanto, la jueza Tanya S. Chutkan, que instruye a nivel federal el caso contra Trump por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, ha fijado para el 4 de marzo de 2024 el juicio contra el magnate, un día antes del supermartes, clave para la elección de delegados durante las primarias republicanas.

Chutkan ha rechazado las fechas propuestas tanto por el Departamento de Justicia como por el equipo legal de Trump, que habían solicitado el juicio para enero de 2024 y abril de 2026, respectivamente, según ha recogido la cadena CNN.

La jueza ha defendido que la propuesta realizada por el fiscal especial Jack Smith, que buscaba un juicio rápido, era “muy pronto”, mientras que la de los abogados de Trump no era “razonable”.

“Ninguna de las dos es aceptable”, ha aseverado.

Chutkan ha argumentado que el expresidente, que se enfrenta hasta a cuatro cargos, tiene tiempo suficiente para preparar su defensa y que ya son bien conocidos los testigos que se presentarán durante el juicio, según ha informado la cadena NBC News.

El expresidente se enfrenta a cuatro cargos por conspirar contra Estados Unidos; por impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos en las urnas, por conspirar contra el derecho al voto y por su intento de obstruir la certificación de las papeletas.

Cuarto caso penal contra Trump: 13 delitos por tratar de revertir resultados de 2020

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Biden, demasiado viejo para el puesto, según mayoría de estadounidenses

El 77% de los estadounidenses cree que Biden está demasiado viejo para ser eficaz durante cuatro años más. Foto: AFP

Un nuevo sondeo efectuado por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos halló que gran parte del público estadounidense coincide en que Joe Biden está demasiado viejo para ser un presidente eficaz en un segundo periodo. La población tiene otros problemas respecto a Donald Trump, que genera menos preocupación por su edad.

En la encuesta, el 77% dijo que Biden está demasiado viejo para ser eficaz durante cuatro años más. No solo un 89% de los republicanos dicen eso, sino que también piensan así un 69% de los demócratas.

Ese punto de vista es sostenido en diversos grupos etarios, no solo entre los jóvenes, aunque específicamente los demócratas de mayor edad se muestran más favorables a sus aspiraciones de ser reelegido en 2024.

En contraste, aproximadamente la mitad de los adultos de Estados Unidos dicen que Trump está demasiado viejo para el puesto, y aquí se hace visible la conocida división partidista: es mucho más probable que los demócratas descalifiquen a Trump por su edad que los republicanos.

Pero la población sí tiene muchos otros problemas con Trump, que al menos por ahora lleva una amplia ventaja a sus rivales por la nominación presidencial republicana, a pesar de que enfrenta varias imputaciones penales. No importa que su edad también sea avanzada; en todo caso, dicen algunos, el político de 77 años debería madurar.

Al presidente Biden le ha dado por plantear él mismo la cuestión de la edad, con bromas, como si tratara de relajar a su audiencia en lo que respecta al tema de sus 80 años.

Lo que está claro a partir de la encuesta, señaló la agencia AP, es que los estadounidenses desean que los políticos viejos salgan ya del escenario e ingresen los jóvenes, o cuando menos más jóvenes que estos dos candidatos.

Los demócratas, los republicanos y los independientes quieren usar una amplia escoba para barrer los salones del poder, imponiendo límites de edad para la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. En total, aproximadamente dos terceras partes de los adultos estadounidenses respaldan instituir un tope de edad a los candidatos para la presidencia y el Congreso, y una edad obligatoria de jubilación para los jueces.

Específicamente, el 67% están a favor de requerir que los jueces de la Corte Suprema se retiren a cierta edad, el 68% apoyan instituir límites de edad para la Cámara de Representantes y el Senado, y el 66% respaldan hacer lo propio para los candidatos a la presidencia.

Como la mayor parte de los políticos son de edad avanzada y se requeriría hacer cambios en la Constitución, no es de esperar que se logren dichos cambios con prontitud, dijo AP.

La encuesta a 1 165 adultos se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto de 2023, utilizando una muestra tomada del Panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidad, el cual está diseñado para que sea representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para todos los que respondieron es de más o menos 3.8 puntos porcentuales.

McCarthy: Investigación de juicio político a Biden es siguiente paso natural

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, insinuó el domingo que una investigación de juicio político contra Joe Biden es cada vez más probable e incluso señaló que es el “siguiente paso natural” cuando el Congreso está cerca de volver de su receso de verano y los legisladores republicanos buscan expandir sus poderes de pesquisa.

Hasta el momento, McCarthy, republicano por California, ha evitado comprometerse a una votación de juicio político o a establecer un plazo para posibles acciones.

Algunos republicanos en la Cámara Baja lucen impacientes por ir tras Biden por acusaciones de mal comportamiento financiero que involucran a su hijo Hunter, pero no se ha demostrado que el mandatario haya hecho algo indebido.

McCarthy dijo que aprobar una iniciativa de gastos a corto plazo para mantener al Gobierno en funcionamiento después de finales de septiembre garantizará que puedan continuar las pesquisas a Hunter Biden, un planteamiento dirigido a los conservadores preocupados en que un acuerdo bipartidista con los demócratas en el Senado no resulte en gastos suficientes.

La medida provisional les dará tiempo para llegar a un acuerdo presupuestario a largo plazo antes de que entren en vigor el próximo año los recortes de gastos que ninguno de los dos partidos prefiere.

“Si ven la información que hemos podido recolectar hasta ahora, es el siguiente paso natural que se debería tomar hacia una investigación de juicio político”, dijo McCarthy en entrevista al programa Sunday Morning Futures de Fox News.

Añadió que una pesquisa de juicio político “le otorga al Congreso facultades legales para obtener toda la información que se necesita”.

Preocupan declaraciones de precandidatos republicanos sobre narcos en México

A medida que avanza la campaña de las primarias republicanas para las presidenciales de 2024, las amenazas de los precandidatos de de lanzar ataques militares contra los cárteles de la droga de México encendió alarmas en ambos lados de la frontera.

En el debate electoral del partido de la semana pasada, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, segundo en las encuestas a gran distancia del expresidente Donald Trump, dijo que en caso de llegar a la Casa Blanca enviará al ejército estadounidense para desmantelar laboratorios de droga mexicanos “el primer día”.

“Los cárteles de la droga están matando a decenas de miles de nuestros ciudadanos, tenemos todo el derecho a hacerlo”, se justificó después.

Trump, que no participó en el debate, es de los candidatos que más han defendido estos ataques. La revista Rolling Stone informó recientemente que pidió a sus asesores “planes de batalla” militares contra México si consigue un segundo mandato el año que viene.

Otros tres candidatos, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley y Tim Scott, también han respaldado la idea.

Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, dijo que Washington debe hacer frente a los traficantes mexicanos como lo hace con el grupo yihadista Estado Islámico.

“Podemos hacerlo desplegando allí operaciones especiales… igual que tratamos al EI, se hace debe hacer lo mismo a los cárteles”, dijo.

Expertos en política exterior advierten que hay que tomarse en serio estos llamamientos, que suponen una peligrosa amenaza para la siempre tensa relación de Washington con México.

“Es una locura”, dijo a la AFP Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos y ahora en el centro de estudios Brookings de Washington.

Estos ataques no son una idea nueva. Durante su presidencia (2017-2021), Trump ya se mostró favorable a atacar a los cárteles fuera del territorio estadounidense. Al parecer, sus ayudantes le convencieron de que no lo hiciera y nunca se consideró una opción real.

Lo que ha cambiado desde entonces ha sido el aumento del fentanilo, una potente droga que entra desde México y que ha causada una epidemia de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Algunos republicanos piden ataques con drones e incursiones nocturnas como los que las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo contra grupos yihadistas en Irak, Siria y Somalia, con pocas consecuencias diplomáticas.

El año pasado, un think tank alineado con Trump, The Center for Renewing America, publicó un libro blanco de política diciendo que si México no frena el comercio de fentanilo, el presidente debe movilizar directamente al ejército estadounidense: “El objetivo es aplastar las redes de los cárteles con toda la fuerza militar”.

Los republicanos del Congreso propusieron en enero que el presidente tuviera poderes de guerra formales para ordenar a las tropas estadounidenses actuar contra las bandas de narcotraficantes mexicanas. Y en marzo presentaron una ley para designar a nueve grupos de cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”, una distinción que aumenta la capacidad del presidente para usar al ejército contra ellos.

Brian Finucane, del International Crisis Group, dijo que las declaraciones no debían descartarse como fanfarronadas electorales. “La postura conlleva riesgos reales”, entre ellos una ruptura radical de la cooperación entre México y Washington que podría amenazar aún más la seguridad estadounidense, escribió Finucane en julio.

“Tales maniobras en el Congreso y la belicosidad en la campaña electoral aumentan la probabilidad de que un futuro presidente pueda considerar tal ataque como una opción real”, señaló.

Cuando las conversaciones sobre una acción militar surgieron entre los republicanos a principios de este año, López Obrador las calificó de “irresponsables” y “una falta de respeto” a la soberanía de México.

“No vamos a permitir la intervención de ningún Gobierno extranjero, mucho menos de las fuerzas armadas de un Gobierno extranjero”, dijo.

Sarukhón dijo creer que, “en el fondo [los candidatos] sí creen en lo que dicen”.

“Un ataque contra México no sería visto de la misma manera que un ataque antiterrorista contra el EI en el extranjero”, dijo.

En ese caso, México haría menos para detener el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos.

También es probable que México reduzca el intercambio de información de inteligencia y haga saltar por los aires cuestiones bilaterales básicas, como los pactos para compartir el agua.

“Es un acto de guerra y una violación del derecho internacional”, explicó Sarukhán.

(Con información de AP, Europa Press y AFP)