Para Diego Santana, alumno de Comunicación Social, el texto se adecua al contexto internacional y a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales del país, que está inmerso en un proceso de actualización de su modelo socio-económico.
A propósito del contenido del documento de 224 artículos (87 más que la Constitución vigente), celebró en declaraciones a Prensa Latina las libertades individuales recogidas y propuso incorporar otras como el derecho a la eutanasia, un tema que no encuentra consenso en la mayor de las Antillas.
Santana también opinó acerca del artículo 22, el cual establece que ‘El Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social’.
A su juicio, la concentración de la propiedad no debería limitarse, y sí controlar su procedencia lícita, ‘puesto que la solvencia individual repercutirá luego en el desarrollo económico del país’.
Por su parte, Laura Serguera, estudiante de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la UH, expresó su aprobación al artículo 40, que recoge la igualdad ante la ley de todas las personas y condena las formas de discriminación por género, sexo, orientación sexual, color de la piel o creencia religiosa, al que agregaría, la no discriminación por ideología política.
De acuerdo con la joven, el polémico artículo 68, que define el matrimonio como la unión entre dos personas, en lugar de entre un hombre y una mujer plasmado en la ley de leyes vigente, debería redactarse de otra manera.
Serguera señaló que el proyecto actual parece proponer que el matrimonio se produce solo para concebir hijos, ‘cuando en realidad consiste en una unión sentimental que va más allá de crear una familia’.
La también estudiante de la UH, Patricia Hernández destacó el artículo 84, que establece a la educación como un derecho de todas las personas y una responsabilidad del Estado, y propuso garantizar la enseñanza universitaria de posgrado (en el texto aparece hasta el pregrado), ‘pues esto supone una motivación y superación personal de los ciudadanos’.
Cuando culmine el 15 de noviembre la consulta popular, los criterios emitidos por la población en barrios y centros de estudio y de trabajo regresarán a la Asamblea Nacional del Poder Popular para la elaboración del documento que será sometido a referendo aprobatorio, presumiblemente a finales de febrero de 2019.
El proyecto amplia los derechos, modifica la estructura del Estado (con la creación de las figuras del presidente de la República y del primer ministro, entre otros temas), reconoce varias formas de propiedad, incluyendo la privada, y eleva a rango constitucional principios de la política exterior.
La iniciativa ratifica el carácter socialista de Cuba y la irrevocabilidad del mismo, así como el papel rector del Partido Comunista en la sociedad.
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