El documento enumera los ataques lanzados desde Washington, entre los que resaltan la campaña de operaciones de inteligencia, conducidas al más alto nivel, para derrocar el gobierno constitucional del presidente Maduro, incluida la coordinación con los gobiernos de Colombia y México para lograr una ‘transición’ en Venezuela.
También resalta el financiamiento y soporte logístico de Estados Unidos a la oposición venezolana, como parte integral de sus esfuerzos desestabilizadores de la democracia en Venezuela, y de promoción de la violencia con fines políticos.
El texto de la cancillería venezolana cita además la promulgación y renovación de la Orden Ejecutiva (emitida por el expresidente Barack Obama) que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos y a su política exterior.
A su vez, condena la imposición de medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra altos funcionarios del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, incluido su vicepresidente Ejecutivo (Tareck El Aissami), ministros, y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objeto de someter al Estado venezolano a los designios imperiales estadounidenses.
El documento precisa que, desde el inicio de la actual administración estadounidense que encabeza Donald Trump, se ejecutaron más de 105 acciones intervencionistas y hostiles, liderando los esfuerzos de intervención que se adelantan desde la Organización de Estados Americanos (OEA), en franca violación del derecho internacional.
Estas acciones -aclara-, van acompañadas de amenazas con la adopción de ‘severas y rápidas acciones económicas’ contra toda la población venezolana, sanciones colectivas que son del más claro corte imperial, y lesivas gravemente del derecho internacional.
Venezuela exige ‘las inmediatas y debidas excusas de la administración estadounidense, y alerta a la comunidad internacional de la amenaza cierta sobre nuestro país, considerando el terrible historial de esta agencia de inteligencia (CIA) en la vulneración de la soberanía de países independientes’.
El gobierno bolivariano dejó saber que denunciará a través de los canales diplomáticos correspondientes, a los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y México, ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y ante el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).
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