arios medios de prensa reseñan hoy que autoridades norteamericanas han arrestado a 498 inmigrantes indocumentados durante un operativo de cuatro días en las llamadas ”ciudades santuario”.
El término se utiliza para las ciudades en Estados Unidos que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración.
No es un término legal, así que la forma de implementarlo puede variar, pero las políticas pueden establecerse en la legislación o pueden simplemente ser prácticas de la policía local.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que la Operación Ciudad Segura se dirigió específicamente a Nueva York, Baltimore, Los Ángeles, Filadelfia y Washington, territorios de los más conocidos por estar en contra de las políticas de inmigración de Trump.
Según dieron a conocer ayer funcionarios del ICE, del total de 498 detenidos, provenientes de 42 países, dos tercios poseen antecedentes penales en Estados Unidos.
Los arrestos de la operación concluida el miércoles se produjeron en Filadelfia (107), Los Ángeles (101), Denver (63), el estado de Massachusetts (50), New York (45), Portland (33), los condados de Cook (30) y Santa Clara (27), Baltimore (28) y Washington DC (14).
“Nunca vamos a dejar de hacer cumplir las leyes que estamos autorizados y obligados a seguir”, manifestó Matthew Albence, director ejecutivo asociado de Inmigración y Aduanas.
Si tenemos que ir a estos lugares cada semana, vamos a ir para eliminar estas amenazas de seguridad pública, agregó.
De acuerdo con el diario The Washington Post, las detenciones fueron un movimiento provocativo de una administración que ha tratado de penalizar a las ciudades santuario, aquellas que se niegan a cooperar con los esfuerzos federales de deportación.
Tribunales del país han bloqueado en gran medida una orden firmada por Trump en enero que amenazaba con quitar el dinero de la subvención federal a esas ciudades y pueblos.
Se calculan en unas 200 las jurisdicciones que restringen la cooperación con los agentes de inmigración, con medidas que limitan su acceso a las cárceles locales o impiden proporcionar datos sobre los indocumentados que se detengan por delitos locales.
Los funcionarios del gobierno federal argumentan que tales lugares protegen a los criminales de la deportación.
Sin embargo, los defensores de estas personas sostienen que las responsabilidades de la policía no incluyen la aplicación de las leyes de inmigración civil, y advierten que hacerlo llevaría a los inmigrantes respetuosos de la ley a ser menos propensos a reportar crímenes.
La representante Michelle Lujan Grisham, presidenta del Caucus Hispano del Congreso, dijo al Post que las redadas eran una medida de la administración para amedrentar.
Estas incursiones son simplemente otro intento del presidente y de sus jefes anti-inmigrantes de intimidar a las ciudades para que socaven las protecciones constitucionales de todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio, apuntó.
(Con información de Prensa Latina)