A 25 años de haber sido aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, la Ley Helms-Burton no ha dejado de ser ante los ojos del mundo un instrumento que viola el derecho a la vida plena de millones de cubanos.
Bautizado el 12 de marzo de 1996 con la firma del entonces presidente norteamericano William Clinton, el texto jurídico busca desde su creación fortalecer y universalizar el bloqueo hacia Cuba, así lo ha expresado Carlos Fernández de Cossío, director general de EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla en el portal de la cancillería cubana.
Heredera de la Doctrina Monroe, la Ley Helms-Burton constituye una afrenta a la independencia y dignidad del pueblo cubano. Compuesta por cuatro títulos, la norma jurídica expresa desde la primera hasta la última línea su carácter extraterritorial.
Nombrada de manera paradójica como Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, la norma entre sus disposiciones prohibe a Cuba exportar productos a los Estados Unidos o importar mercancías desde esa nación.
La Ley también impide a Cuba comerciar con filiales de compañías norteamericanas en terceros países, recibir turistas norteamericanos, así como usar el dólar en sus transacciones comerciales y financieras con el exterior. Por otra parte, los barcos y aeronaves cubanas no pueden tocar territorio norteamericano.
Con la activación de su título tercero durante la administración de Donald Trump, la Ley Helms-Burton pone obstáculos para que no existan relaciones regulares entre Cuba y los Estados Unidos.
Contrarias al Derecho Internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, las regulaciones de la Ley Helms-Burton no impiden a Cuba construir su destino desde la soberanía.