La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este jueves a actuar con rigor contra los delitos e ilegalidades, al indicar que esos flagelos atentan contra la justicia social y la seguridad ciudadana, mientras profundizan las desigualdades.
Al intervenir en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en su X Legislatura, el mandatario expresó que ese esfuerzo debe articular a las instituciones, organizaciones de masas, sociedad civil, y con la importante participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.
El jefe de Estado instó a enfrentar la actividad especulativa, la violencia, la corrupción, la vagancia, la vulgaridad y la indecencia, entre otros males, y a trabajar sobre las causas que provocan esos y otros problemas.
No podemos permitir que quienes no trabajan, no aportan y se mueven en un entorno de ilegalidad, ganen más que quienes laboran honradamente y protagonizan la historia de heroísmo cotidiano del pueblo cubano, apuntó Díaz-Canel, y remarcó la importancia de promover el comportamiento limpio y responsable de las instituciones, y de la familia cubana en general.
Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de la República, afirmó ante los parlamentarios que para erradicar esas problemáticas se inició desde 2022 un proceso de seguimiento y control con análisis en reuniones con los gobernadores.
Apuntó que a través de visitas a los territorios se constataron las deficiencias en el enfrentamiento a las violaciones de precios que en la mayoría de los casos son abusivos y especulativos, así como la falta de gestión de las empresas de comercio y gastronomía.
Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, destacó que el Consejo de Ministros aprobó en febrero del presente año un sistema de trabajo, cuya prioridad es el combate riguroso contra la indisciplina, el delito, la corrupción y las ilegalidades por todas las estructuras de los Organismos de la Administración Central del Estado entidades nacionales, gobiernos territoriales y locales, con el apoyo de las organizaciones políticas.
El vicepresidente de la República insistió en la participación de las comunidades en el combate a esa situación, agudizada por los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de Estados Unidos, aspecto en el que coincidieron varios parlamentarios en sus intervenciones.
Recordó que Cuba no escapa a las consecuencias de la crisis económica internacional y los conflictos bélicos, a lo que se suman los problemas internos como el mal uso de la tierra, lo cual genera escasez de productos agropecuarios e industriales.
El también diputado manifestó que persisten fenómenos que afectan la calidad de vida de la población y las empresas como distorsiones en el tipo de cambio informal de la divisa, la especulación financiera en el mercado informal, los pagos indebidos, la baja productividad del tabaco y las pocas ofertas.
Pese al contexto, Valdés Mesa reiteró que el Estado y el Gobierno han continuado el trabajo sistemático en pos de mejores resultados económicos y sociales y como resultado de ellos se han aprobado y aplicado medidas para potenciar la producción de alimentos y mejorar los servicios.
Enfatizó que aún con afectaciones en la producción de medicamentos y la baja disponibilidad de insumos se garantizan los servicios básicos de salud a la población cubana, notablemente envejecida.
También valoró el trabajo en los barrios en transformación donde se atienden personas en situación de vulnerabilidad y en los que la participación popular resulta esencial.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, expresó al dar lectura al dictamen que en el país se manifiestan hechos delictivos que atentan contra la propiedad social, resultado de la crisis económica actual, pero esos índices de criminalidad no inciden en la consideración de que Cuba es un Estado seguro para la vida, bienes y desarrollo de sus habitantes por su moderno y fortalecido sistema jurídico.
Dijo que ante las problemáticas se propusieron soluciones como el respaldo a los órganos de enfrentamiento directo al delito -el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y los Tribunales de Justicia-, en la aplicación del régimen de sanciones establecido en las leyes para encarar a quienes vulneran el orden legal del país y atentan contra la seguridad de las personas.
Insistió en la incorporación del pueblo, acompañado por las organizaciones de masas y sociales, para elevar la vigilancia revolucionaria en función de salvaguardar los bienes y la tranquilidad ciudadana.
En esa misión, jugarán un rol significativo las Asambleas Municipales del Poder Popular y los Consejos Provinciales que inspeccionarán y requerirán a las direcciones administrativas un estado de control y protección de su patrimonio material y la aplicación de las medidas disciplinarias a los infractores.