Tal consulta plantea siete interrogantes, sobre las que la población debe votar negativa o positivamente, con el fin de apoyar o desestimar prácticas que dan lugar a hechos de corrupción en todos los niveles de la administración pública.
De aprobarse el referendo, los elegidos a cargos públicos deben publicar anualmente las declaraciones de renta, bienes, patrimonio, impuestos y conflictos de interés.
Se disminuiría, además, el salario de los congresistas, quienes deberán rendir cuentas periódicas de su gestión. Los condenados por corrupción tendrían que pagar sus penas en la cárcel y no tendrían derecho a reclusión especial.
Para que cada pregunta sea válida debe ser votada, al menos, por la tercera parte del censo electoral que contempla a unos 36 millones de electores; es decir por más de 12 millones de ciudadanos.
Según datos de la Contraloría General, la corrupción le cuesta a Colombia unos 14 mil millones de euros al año.
‘Ser corrupto en Colombia es hoy más rentable que ser narco’, dijo recientemente López, politóloga de profesión.
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