El subgrupo provincial de enfrentamiento a las violaciones de precios evaluó hoy mediante videoconferencia con los 13 municipios granmenses, el accionar de los territorios en ese sentido y la responsabilidad de algunos organismos con la entrega de productos para el consumo social.
Daniel Silveira, coordinador de programas y objetivos en el Gobierno provincial, hizo alusión a las producciones agropecuarias de Granma que se comercializan clandestinamente en otras provincias, facultad que solo atañe a los intendentes municipales.
“Un producto que se decomise no puede venderse al mismo precio que en el mercado informal, para que la población vea el impacto del trabajo, como se hizo recientemente con un decomiso de siete mil pomos de refresco, que se vendieron posteriormente al pueblo a 50 pesos”, destacó Silveira.
Héctor Cordero Hernández, jefe de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en Granma, llamó a los municipios a hacer cruzadas en todas las carreteras para evitar fugas de productos, y a aplicar con rigor la ley.
Respecto al consumo social, encomendó a este equipo de trabajo supervisar los precios de compra de los organismos para con estas instituciones que abarcan hogares maternos y de ancianos; casas de niños sin amparo familiar, instituciones de salud, como hospitales, y educativas, dígase círculos infantiles y seminternados, entre otras.
Durante la reunión, se enjuició la morosidad del cuerpo de inspectores de cada municipio en el cumplimiento de las políticas establecidas y la poca incidencia en las áreas de concentración, catalogadas como un “hervidero de ilegalidades (como el mercado Luis Ramírez López y las carpas dispuestas en la terminal de ómnibus de Bayamo), una seguida de la otra. Debemos ir al terreno y cumplir lo establecido”, apuntó Daniel Silveira.
Por otro lado, recalcó que no está permitido que productos adquiridos en la red minorista, ya sea en moneda libremente convertible o en moneda nacional, se revendan, como ocurre en varias entidades estatales y Mipymes, que compran cigarros criollos o aceite para revender.
Llamó la atención al cuerpo de inspectores sobre la venta a la población de productos alimenticios sin conocerse su trazabilidad sanitaria, o sea, quién lo hizo, con qué está hecho, cuál es la fecha de vencimiento; lo cual implica un riesgo potencial para la población.
Fue puesta en tela de juicio la compra por entidades estatales de productos a particulares para vender a un precio superior, y la postura de aquellas entidades que prefieren dejar que se les eche a perder un producto, que bajarles el precio -refiriéndose a varios envases con pasta de cebolla vencida desde 2021 en una unidad estatal con una pérdida estimada en 150 mil pesos.
“No hay sentido común. Tenemos que salir más de las oficinas e ir a los lugares donde están los problemas”, recalcó Daniel Silveira.