La orden de detención emitida el viernes último por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la consideramos de inaceptable, comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, agregando que Moscú no reconoce la jurisdicción de ese tribunal.
«Consideramos que la misma formulación del caso es escandalosa e inaceptable. Rusia, al igual que varios países, no reconoce la jurisdicción de este tribunal, y para Moscú cualquier decisión de este tipo desde el punto de vista legal es insignificante», señaló Peskov citado por Russia Today.
Desde el Gobierno recordaron que las decisiones de la corte no tienen ninguna importancia para el país, puesto que Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo, ni coopera con este organismo.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin, citando su responsabilidad en presuntos crímenes cometidos en Ucrania.
El tribunal, ubicado en La Haya, argumenta la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso que califica de un crimen de guerra y señala que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso.
Junto con el presidente, el tribunal también dictaminó el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. La funcionaria también comentó la decisión del tribunal: «Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo que hacemos para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejamos en la zona de guerra, que los sacamos, que creamos buenas condiciones para ellos y los rodeamos de gente cariñosa y atenta», manifestó Lvova-Belova.
Por su parte, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Ahmad Khan y los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, que la semana pasada emitieron una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin.
De acuerdo con el comunicado oficial del organismo, sobre la base de la solicitud de orden de arresto contra ciudadanos rusos presentada por el fiscal, los jueces de la CPI dictaron ilegalmente órdenes de detención contra el presidente ruso y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova.
Se señala que el proceso penal iniciado por la CPI es intencionadamente ilegal, ya que no existen motivos de responsabilidad penal, así como se subraya que en virtud de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, firmada en 1973, los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción de Estados extranjeros.
Así, el Comité de Investigación considera que las acciones del fiscal y los jueces contienen elementos de delitos previstos en el Código Penal de Rusia, concretamente la persecución penal de una persona que se sabe inocente, combinada con la condena ilegal de una persona por un delito grave o particularmente grave, así como la preparación de un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional, con la intención de agravar las relaciones internacionales.
La CPI fue constituida en 2002 para investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El documento constitutivo, el Estatuto de Roma de 1998, ha sido ratificado por 123 países, que no incluyen a Rusia, Ucrania, EE. UU., China, Israel, entre otros. Washington incluso adoptó una ley que autoriza el uso de todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de un militar o funcionario detenido por solicitud de la CPI, señala RT.