El Gobierno de Estados Unidos afirma que Cuba es una máquina represiva. Dicen que en nombre de la legalidad, las fuerzas de la seguridad con ayuda de las organizaciones de masas dirigidas por el Estado, silencian a los “protestantes” con amplias condenas en prisión, amenazas de hostigamiento o exilio. Como estas acusaciones, están también las que infieren que, utilizamos estos instrumentos para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y reunión.
Lo cierto es que vivimos tiempos desesperados, pasamos por una coyuntura política y social recrudecida en los dos últimos años. Es frecuente utilizar términos como libertad de expresión, derecho a la información, de manifestación, a la participación política, de petición o queja como parte de lo que podríamos llamar Derechos Humanos donde el ciudadano -categoría jurídica que resaltamos como conquista de todos los que tienen un vínculo con un orden o poder como el Estado- debería disfrutar de estos.
Escuchar dentro de la sociedad cubana un debate de este tema es prácticamente exclusivo para especialistas en leyes, quizás por el manejo controversial de estos en campañas subversivas. Para reflexionar sobre el tema debemos saber que los Derechos Humanos son aquellas libertades, facultades o reivindicaciones inherentes a bienes que incluyen a todas las personas por su condición humana y así tener una vida sin distinción de raza, sexo, color, idioma, religión, posición económica, opiniones políticas y de otra índole.
Ya lo decía Nelson Mandela “privar a las personas de sus derechos es poner en tela de juicio su propia humanidad”. Según la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cuba ratifica 44 tratados internacionales que la sitúan dentro de los 50 países con mayor cantidad de derechos jurídicos, por esta razón la justicia cubana abarca varias leyes que refuerzan la protección hacia la ciudadanía.
En el artículo 46 de la Carta Magna de la República –Todas las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, la libertad, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral– y demás legislaciones que conforman el Sistema Jurídico del país tales como el Nuevo Código de la Familia, el Código Penal y el Código de Trabajo, Ley de los Tribunales de Justicia, queda explícito que nuestras leyes se adaptan a los cambios sociales e incorporan prerrogativas sustentadas en la dignidad humana.
Para nadie es secreto que la mayor de las Antillas muestra avances reconocidos a nivel mundial en salud, deporte, educación y cultura, aun cuando las campañas mediáticas señalan violaciones sobre estas garantías. En el sistema jurídico del país, sobresalen los mecanismos de atención a la ciudadanía y vías para denunciar la violación de sus derechos, así como el acceso a la información, los derechos culturales, el acceso al arte y los derechos laborales. Las personas con discapacidad, adultos mayores, féminas y otros sectores cuentan con el resguardo del Estado
Es válido decir que el sistema de Derechos Humanos implementados en la isla no solo se agota en el campo jurídico, sino que se materializa constantemente desde un punto de vista práctico con el disfrute y la participación popular.
No puede pensarse que los Derechos Humanos llegaron a la perfección, al contrario, son perfectibles y más en un Estado de derecho y justicia social como el nuestro, donde se construye una Revolución con todos y para el bien de todos, como obra que marca una continuidad histórica en relación a estos.
*Estudiante de Periodismo