Tel Aviv, 6 ene (RHC) El Gobierno israelí anunció este viernes medidas contra la Autoridad Nacional Palestina por impulsar una resolución en la Asamblea General de la ONU, que pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse sobre la legalidad de la ocupación.
Entre las acciones aprobadas por el gabinete ultraderechista de Benjamin Netanyahu están la paralización de todas las construcciones palestinas en el área C, una zona que representa el 60 por ciento de Cisjordania y bajo control directo israelí desde 1967.
Además, incautarán 139 millones de séqueles (unos 39 millones de dólares) de los fondos fiscales recaudados en nombre de la Autoridad Nacional y se adoptarán medidas contra las organizaciones que promuevan “cualquier actividad hostil” hacia el Estado judío, incluida acciones políticas y legales.
El Gobierno no se quedará de brazos cruzados y responderá según sea necesario, expresó la Oficina del Primer Ministro tras presentar las medidas.
Hace una semana la Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ un dictamen sobre el “significado legal de la ocupación israelí”.
Aprobada por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la iniciativa pide también a ese órgano de justicia pronunciarse sobre el conflicto y que investigue las leyes discriminatorias y las medidas de Tel Aviv para cambiar la composición demográfica de Jerusalén oriental.
La cancillería palestina celebró la votación y resaltó la importancia de pedir a la CIJ una opinión de asesoramiento legal sobre la naturaleza de la ocupación israelí y la necesidad de definir las responsabilidades y deberes de la comunidad internacional ante el tema.
El Ministerio de Relaciones Exteriores saludó a todos los que contribuyeron a este logro histórico y al mismo tiempo expresó su consternación por los intentos de varias naciones, entre ellas Estados Unidos y Reino Unido, para cambiar el voto de numerosos países mediante presiones y amenazas.
“Esta decisión histórica abrirá una nueva era para responsabilizar a Israel” por sus crímenes, subrayó.
Por su parte, el vocero de la presidencia, Nabil Abu Rudeina, afirmó que la votación refleja “el apoyo del mundo a nuestro pueblo y a sus derechos históricos inalienables”.