La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) a que la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva acceda a documentos de la empresa Odebrecht, que se refieran o citen al expresidente, dominó la semana que termina hoy en Brasil.
El juez Ricardo Lewandowski, del STF, dio un plazo de 48 horas para que los abogados del fundador del Partido de los Trabajadores reciban los legajos.
Tal solicitud fue formulada por la defensa de Lula que denunció tener un acceso limitado a esos pliegos utilizados contra el exdirigente obrero y que pueden conducir a su inocencia.
En su determinación, el magistrado escribió que resulta derecho de la defensa ‘contactar con las pruebas documentadas en los procedimientos de investigación llevados a cabo por un organismo con la jurisdicción de la Policía Judicial’.
De acuerdo con los representantes de Lula, existen opiniones técnicas divergentes sobre la idoneidad del material de delación presentado por los ejecutivos de Odebrecht.
Parte del acuerdo se firmó con información contenida en MyWebDay y Drousys, sistemas internos informáticos de la empresa utilizados para el pago y registro de propinas, supuestamente entregadas, entre otros, al exgobernante.
Según la determinación, Lula tendrá acceso al intercambio de correspondencia entre el grupo de tareas de la operación Lava Jato y otros países que participaron, directa o indirectamente, en el acuerdo, como autoridades de Estados Unidos y Suiza.
Recientemente, se denunció la existencia de pactos ilegales, al margen de la legislación brasileña, entre la Lava Jato y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, Estados Unidos).
Teniendo en cuenta investigaciones, Lula habría recibido 12 millones de reales (cerca de 2,4 millones de dólares) de Odebrecht como soborno.
Pero los abogados del exjefe de Estado alertan que la imputación de la Lava Jato no se basa en planillas originales, sino en una copia del material entregado por la propia empresa.
Los juristas, incluso, advierten que los documentos fueron manipulados por la compañía constructora.
También en la semana sacudió a la sociedad brasileña la renuncia del fiscal Deltan Dallagnol, coordinador jefe de la Lava Jato en la sureña ciudad de Curtiba, al alegar motivos familiares.
De igual manera abdicaron siete procuradores de esa operación judicial en el estado de Sao Paulo, al argumentar ‘incompatibilidades insolubles’ con la actuación de la fiscal Viviane de Oliveira Martinzes, quien coordina los trabajos del grupo en el territorio.