Los cubanos estamos inmersos por estos días en un profundo proceso de debate para definir cuáles de las propuestas de modificación a la actual Constitución de la República de Cuba, son aprobadas por la mayoría, a partir de los cambios que la comisión integrada por 33 diputados y presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro, presentó ante el Pleno del Comité Central del PCC y la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La ley de leyes en la isla caribeña nunca ha sido un documento estático. La propuesta que hoy discuten los cubanos tiene sus raíces en el histórico 10 de octubre de 1868 con el inicio de las luchas independentistas.
Seis meses después del alzamiento de Céspedes en La Demajagua, se convocó en el pueblo libre de Guáimaro, una asamblea con representantes de los tres departamentos de la Isla levantados en armas: Oriente, Las Villas y El Centro para formar un gobierno nacional que rigiera por igual en toda la República.
Así, liderada por Ignacio Agramonte y Loynaz, el 10 de abril de 1869 quedó aprobada la Constitución de Guáimaro, primera constitución de la República en Armas, compuesta por un preámbulo y 29 artículos, donde se fijaron los órganos esenciales de gobierno, basados en el principio de gobierno representativo, con la existencia de la tripartición de poderes, en contra de las ideas de Carlos Manuel de Céspedes, quien defendía el criterio de un mando único.
La abolición de la esclavitud, la elección del Presidente de la República, de un General en Jefe y de una Cámara de Representantes, la cual tenía el poder supremo, la defensa por primera vez de forma pública de los derechos femeninos, y la elección de la bandera de la estrella solitaria como enseña nacional, fueron algunos de sus principales aspectos.
Luego del Pacto del Zanjón y la Protesta de Baraguá se adoptó la segunda Constitución cubana conformada solo por cinco artículos esencialmente determinó un gobierno provisional compuesto por cuatro individuos en el que se reunieron las funciones legislativas y ejecutivas, lo cual dejó a un lado la concepción de tres poderes asumidos por la Constitución anterior.
Para el año 1895 se logró unificar al poder revolucionario con la aprobación de la Constitución de Jimaguayú. Los mambises establecieron un Consejo de Gobierno con prerrogativas administrativas y legislativas, mientras proporcionaban plena autonomía al mando militar, y se determinó que «si en dos años la guerra contra la metrópolis española no estaba ganada, debía convocarse a otra Asamblea Constituyente», por lo que en 1897, 24 delegados en representación de los seis cuerpos del Ejército insurrecto se reunieron para suscribir una nueva constitución en el potrero de La Yaya.
La Constitución de la Yaya está estructurada en preámbulo y apartados, en ella se establece por primera vez el Servicio Militar como deber obligatorio de los ciudadanos, estableció los requisitos para ser considerado ciudadano cubano, definió los requisitos para ocupar la presidencia de la República y reguló los derechos civiles individuales.
Con la intervención militar de Estado Unidos en la guerra de independencia, el 12 de junio de 1901, pese a vigorosas discusiones entre algunos constituyentes defensores de la soberanía de Cuba, se aprobó incorporar un apéndice a la Constitución, conocido como Enmienda Platt, que reafirmó la condición neocolonial de la isla y concedió prerrogativas a Estados Unidos sobre el territorio nacional.
La Constitución de 1901, aun en medio de circunstancias adversas, sentó las bases de un Estado nacional definido por su primer artículo que afirmaba: …el pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano, y adopta, como forma de gobierno, la república.
En ella apareció por primera vez en una Constitución cubana la invocación a Dios, y se mantuvo establecer el Estado laico y la libertad religiosa aunque se incluyó la formulación sin otra limitante que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Años más tarde, Gerardo Machado, entonces presidente de la República, con el objetivo de prorrogar su gobierno dictatorial, promovió una Reforma de la constitución de 1901.
Para 1940 fue Guáimaro una vez más sede de una propuesta constitucional al firmarse allí la conocida Constitución de 1940, considerada la más avanzada de América en esa época, dado el alcance social de sus preceptos, entre los que se incluía el derecho de los obreros a la huelga, el trabajo como un derecho inalienable del hombre y proscribió la discriminación por motivo de sexo o color de la piel. También estableció la protección especial a la familia y a la igualdad de la mujer, se pronunció por la educación general y gratuita, y por la salud pública al alcance de todos, aunque una gran parte de las disposiciones complementarias, necesarias para concretar lo estipulado, jamás obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes ni del Senado.
Después del triunfo revolucionario el primero de enero de 1959, fue preciso reformar la constitución existente, proclamando el 24 de febrero de 1976 una nueva Ley de leyes que rigiera los destinos del país, que fuera luego reformada y reformada en 1992 y 2002.
En estas se declara que Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.
Se incluyó un Capítulo de la Extranjería, del Estado de Emergencia y la división política administrativa, así como precisiones sobre la gestión del gobierno en provincias y municipios; se establecieron nuevas formas de elección de los delegados a las Asambleas Provinciales y de los diputados a la Asamblea Nacional, elegidos por sufragio libre, secreto y directo e igualmente sujetos al derecho de revocación por sus electores, así como otras cuestiones de interés para la vida institucional del país.
Manteniendo la máxima de que “nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República este presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí: Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre», 150 años después de iniciado el proceso constitucional en Cuba, volvemos a revisar la Ley suprema para adaptarla a las nuevas circunstancias, defendiendo siempre la soberanía e independencia.
